Bogotá D. C., 6 de agosto de 2026. El servicio de taxi en Colombia entra en una nueva etapa. Con la firma del presidente de la República, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1001 de 2026, una actualización normativa que moderniza el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, responde a las necesidades actuales del sector y elimina barreras que durante años afectaron a conductores, propietarios, empresas y usuarios.
La nueva reglamentación modifica disposiciones del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (Decreto 1079 de 2015) con un propósito claro: hacer del servicio de taxi una modalidad más eficiente, segura, transparente y acorde con las dinámicas de movilidad que hoy demandan las ciudades y los territorios del país.
Entre los principales cambios se destacan la actualización de las reglas para el cambio de empresa, la ampliación de la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años, la modernización de los contratos de vinculación, la eliminación de cobros y exigencias que no estaban contemplados en la norma para realizar trámites, y la creación de un programa nacional de formación, cualificación y fortalecimiento de competencias para conductoras y conductores de taxi, que será desarrollado con el acompañamiento técnico del Ministerio de Transporte y las autoridades territoriales.
El decreto también introduce medidas para facilitar la operación entre municipios contiguos, permitiendo que los taxis presten el servicio sin necesidad de la Planilla Única de Viaje Ocasional en determinados casos, especialmente cuando se trate de desplazamientos hacia o desde aeropuertos que sirven a capitales departamentales o áreas metropolitanas. Esta decisión mejora la conectividad, reduce cargas administrativas y responde a las necesidades reales de millones de usuarios.
Asimismo, fortalece la transparencia en la asignación de nuevas matrículas mediante sorteos públicos con criterios de igualdad, publicidad y participación, incorpora acciones afirmativas para incentivar la participación de conductores no propietarios y actualiza los tiempos para la reposición de vehículos en casos de hurto, pérdida o destrucción.
Otro de los avances más importantes consiste en garantizar una relación más equilibrada entre empresas y propietarios de los vehículos. La norma establece reglas claras para los contratos de vinculación, prohíbe condicionar la desvinculación mediante prácticas restrictivas o cobros indebidos y fortalece las garantías jurídicas para todos los actores del sector.
“Este decreto representa un paso histórico para el transporte público individual en Colombia. Escuchamos al sector, simplificamos trámites, fortalecemos las garantías para conductores y propietarios, mejoramos el servicio para los usuarios y seguimos construyendo un sistema de transporte moderno, seguro y transparente para todo el país”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
La actualización normativa fue construida mediante un proceso participativo que incluyó la publicación del proyecto para comentarios ciudadanos entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026, cuyas observaciones fueron analizadas y respondidas en su totalidad antes de la expedición definitiva del decreto.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la modernización del transporte público, impulsando normas que responden a la realidad de los territorios, fortalecen la confianza de los ciudadanos y dignifican el trabajo de miles de conductoras y conductores que todos los días movilizan a Colombia.
Modernizar el transporte también es reconocer el trabajo de quienes conectan al país todos los días. Porque cuando avanzan nuestros taxistas, avanza Colombia.