Bogotá, 20 de marzo de 2025
Declarar el Morro Gaira, ubicado en la bahía de Santa Marta, como un bien de uso público, inalienable e imprescriptible por el Estado no puede generar daños a particulares, pues las normas legales que rigen su dominio no permiten que ese bien sea objeto de apropiación privada.
Así lo concluye una sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, que aceptó los argumentos presentados por el Gobierno nacional y negó una demanda de reparación directa interpuesta por los herederos de Gustavo Díaz Segovia, un particular que había recibido el bien en adjudicación mediante resoluciones del desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), las cuales fueron posteriormente anuladas.
El fallo, emitido por la Sección Tercera del Tribunal, evita el pago de 121 mil millones de pesos por parte de la Nación y libra de responsabilidad a la Rama Judicial por supuestos errores o irregularidades en el trámite del caso, confirmó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). La entidad intervino en el proceso y ratificó la imposibilidad de adjudicar bienes de uso público a particulares.
Los demandantes alegaban que el tiempo empleado por la justicia en declarar la nulidad de las resoluciones del Incora constituía una falla en la administración de justicia. El proceso duró 22 años antes de ser resuelto por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Frente a ese argumento, la ANDJE demostró que la extensión del proceso obedeció a su complejidad y a la congestión judicial, sin que ello implicara una irregularidad en la administración de justicia.
“Esta sentencia reafirma la importancia de proteger el patrimonio público y garantiza que bienes de uso común, como el Morro Gaira, permanezcan bajo la titularidad del Estado. Nuestro compromiso es continuar defendiendo los intereses de la Nación con rigurosidad jurídica y técnica”, manifestó el director general de la ANDJE, César Palomino Cortés.