El miedo oculto de las mujeres que viven la violencia de género en tiempos de cuarentena

Las mujeres han sido las más afectadas durante los días de encierro que viven las personas a nivel mundial, diferentes organizaciones en Latinoamérica han reportado un incremento de llamadas de emergencia y de asesinatos a mujeres.

Esta época hace mucho más vulnerables a aquellas mujeres que deben convivir y compartir con sus agresores diariamente durante el encierro al que nos obliga la cuarentena, además cargan con ellas el miedo a ser agredidas e incluso asesinadas en cualquier momento estando bajo la “comodidad de su hogar”.

Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria en Colombia se han disparado las llamadas a la línea de emergencia y acompañamiento a la mujer, las denuncias se han registrado principalmente con maltrato psicológico y violencia sexual.

El último reporte entregado por la ONU mujeres Colombia, en representación de Ana Güezmes, indicó que en lo que va corrido del año 2020 se han registrado 37 feminicidios de los cuales 12 se han cometido durante la cuarentena, sin embargo, esta cifra ya es mucho más alta.

La organización afirma que en crisis como la actual se debe tener foco en la protección de mujeres víctimas de la violencia de género e intrafamiliar, sin embargo, está ha sido una pandemia silenciosa que parece no tener tanta importancia más allá de exponer cifras.

La violencia de género en Colombia está condenada a través de diferentes leyes que la penalizan, en las cuales se adoptan medidas para garantizar la reparación de víctimas, y la condena de sus agresores, los cuales en muchas ocasiones no son denunciados y en otras oportunidades les dan libertad condicional o casa por cárcel haciendo más alto el riesgo de que las víctimas sean nuevamente atacadas.

La Ley 1257 de 2008 es una de las más completas en materia de violencia de género, en ella se establecen las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, el primer Artículo habla sobre el objetivo de la ley, la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

La ley establece todo delito entendido como acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado serán condenas antes la justicia.

Por otro lado, el artículo garantiza los derechos de las víctimas de violencia que hayan sufrido violencia psicológica, sexual, o patrimonial; la mujer tiene derecho a recibir atención integral, orientación, asesoramiento jurídico, información clara sobre sus derechos, su identidad debe ser tratada bajo reserva y está en total libertad de decidir si desea recibir ayuda psiquiatra, así mismo si quiere voluntariamente confrontar a su agresor judicialmente.

La ley es demasiado amplia a la hora de proteger a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, desde charlas educativas hasta proyectos que buscan erradicar la agresión hacia la mujer en el territorio colombiano, buscando siempre la igualdad de género y la no discriminación.

Sin embargo, como otras tantas leyes parece no tener peso a la hora de aplicarse y esto genera mucha inseguridad al momento de que una víctima quiera expresar su historia y buscar justicia.

Según las cifras las mayoría de las violaciones contra mujeres se comenten al interior de sus hogares, siendo su pareja o familiares los principales agresores, según un Informe Defensorial realizado por de la Defensoría del Pueblo se habla de que:

Las violencias basadas en género, principalmente las cometidas en los espacios “privados” como la familia, tienen una característica fundamental, son cíclicas. Según la antropóloga Leonor Walker se surten tres fases en donde se vinculan una serie de comportamientos violentos repetitivos en el tiempo, cada vez más frecuentes y graves, sin distinción de edad, raza, religión, estado civil o clase social (Borgantes,2008). Dicho escalamiento puede darse hasta terminar con la vida de las mujeres.

Hasta hace dos años las cifras de feminicidio en el país superaban los 67 casos y 72 más fueron casos de tentativas de feminicidios donde la víctima logró salir con vida. De todo el país, Bogotá es la ciudad donde más se registran casos de violencia de género. (Tomado de: Informe Defensorial: Violencias Basadas en Género y Discriminación).

Desde hace poco más de un mes, cuando empezó la cuarentena obligatoria en Colombia, se dispararon las alarmas de violencia de género en varias ciudades del país, según datos de la Policía Nacional, antes del confinamiento se atendía un promedio de 54 llamadas diarias, y del 20 de marzo al 7 de abril se recibieron 108 llamadas diarias a la línea 155 (línea al servicio de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar), en total se recibieron en ese lapso de tiempo 2.054 llamadas de mujeres víctimas de violencia de género, incrementando las llamadas más del 100%.

Solamente en Bogotá el panorama es bastante pesimista, según la Secretaría de la Mujer, durante la cuarentena, entre el 20 de marzo al 13 de abril, se recibieron 11.792 llamadas y mensajes a la línea Púrpura, línea distrital de atención psicológica a mujeres, entre las denuncias se encuentran 1434 casos de violencia psicológica con atención detallada y profunda en cada caso, aproximadamente una cuarta parte corresponde a violencia física, seguido de violencia económica, sexual, patrimonial y verbal.

Tomado de: periódico EL TIEMPO

Pero Bogotá no es la única ciudad con esta situación, Medellín, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, Meta, Cúcuta, entre otros, también han registrado incremento en casos de violación contra la mujer.

Información de la Fiscalía General de la Nación reveló que en lo que va corrido de este año se han cometido alrededor de 52 feminicidios de los cuales 19 se han registrado durante la cuarentena y son materia de investigación.

La violencia de género claramente no es algo nuevo en el país, el representante a la Cámara José Daniel López señalo en días anteriores que, en los últimos 10 años en Colombia se han denunciado 2.671 feminicidios los cuales habían sido insinuados por las víctimas anticipadamente, lo que concluye que aproximadamente cada 36 horas la violencia contra la mujer cobra una nueva vida.

 

Pero entonces, ¿Dónde se queda la Ley de protección?

Muchas de las víctimas reconocen que al denunciar o al pronunciarse sobre el maltrato que viven, corren un riesgo enorme a ser más agredidas e incluso asesinadas por los agresores, y si la violencia que viven tiene de por medio hijos, hace mucho más compleja la decisión de denunciar ya que en este tipo de casos debe intervenir el ICBF.

El miedo a ser asesinadas, a perder sus hijos, a ser señaladas, a ser juzgadas y no ser escuchadas; es lo que en muchas oportunidades detiene a la mujer para denunciar los diferentes tipos de agresión que puede estar viviendo. Y por supuesto juega un papel importante la poca seriedad con la que son juzgados los agresores, que en muchos casos no se les abre una investigación pertinente y son condenados a casa por cárcel o muchas otras veces puesto en libertad.

La violencia de género es el sufrimiento oculto con el que viven día a día cientos de mujeres que temen por su vida.  La otra cara de la moneda está en la violación en espacios públicos a trabajadoras sexuales, a aquellas que se identifican como mujer, aunque sean juzgadas por su apariencia masculina, por su orientación sexual o por su identidad de género.

Las voces de las víctimas:

“Ella denunció, ella pidió ayuda, se sometió a todo el proceso”, expresó su hermana aún indignada por la lentitud de las autoridades, pocos días después del asesinato de Jhor Jhany.

 

“Le dieron prisión domiciliaria. Desde hace una semana volvió a trabajar, pero sabe que no puede huir de la justicia, podría ir a la cárcel hasta por 12 años por lo que me hizo, así que es mejor que trabaje. Alguien tiene que pagar los gastos y todo lo que se me ha generado física y económicamente por la golpiza que me dio”, dice Martha.

 

“Él la maltrataba y ella le tenía miedo. Le dijimos en varias oportunidades que lo dejara, pero no lo hizo. Vivía asustada. Siempre que iba a la casa decía que tenía que irse, porque Edwin la estaba esperando”, recuerdan sus familiares.

 

“Rosa Elvira expuso las múltiples formas de violencia a las que estaban expuestas las mujeres y para las cuales el legislador no tenía respuesta. Con el caso empezaron a haber voces en favor de una reforma legislativa, hablaban de pena de muerte, de cadena perpetua. Lo que hicimos fue leer ese llamado que hacía la ciudadanía, que quería acciones efectivas”, relata Isabel Agatón, quien junto a mujeres de Cisjusticia como Blanca Lilia González o Nidia Olaya, logró estructurar el proyecto de ley que se radicó en el Congreso el 20 de julio de 2012, dos meses después de la muerte de Rosa Elvira Cely, el cual reconocía los asesinatos a mujeres, en ciertas condiciones, como violencia de género.

 

Investigación realizada por: Marisol Echavarría Milanez