Ganar dinero de la guerra: el tribunal de Colombia ordena la investigación de ejecutivos de la minería


La comunidad comercial de Colombia puede estar protegida de un tribunal de crímenes de guerra, pero eso no impide que los jueces investiguen si los empresarios hicieron una fortuna con el asesinato y el desplazamiento.


Un tribunal del norte de Colombia ordenó la investigación de un ejecutivo de la industria minera, Edgardo Percy, y otros 15 por su presunta participación en el asesinato, la desaparición y el desplazamiento de campesinos, según Verdad Abierta .


El ex gerente general de Carbones del Caribe, ahora desaparecido, fue clave en el proceso que ayudó a Prodeco, filial de Glencore, a adquirir la mina La Jagua en Cesar.


Percy supuestamente planeó el asesinato y desplazamiento de locales por el grupo paramilitar AUC entre 1997 y 2006 con el fin de comprar sus tierras por una fracción del precio.


Más de 20 familias se han registrado como víctimas del desplazamiento de la tierra que desde entonces se ha convertido en una mina de carbón.


Múltiples ex paramilitares testificaron que los ejecutivos de Carbones del Caribe se aprovecharon de la violencia en Cesar para comprar tierras y pagaron a las AUC para evitar el regreso de los dueños originales.


Múltiples víctimas no han podido regresar debido a las continuas amenazas de muerte presuntamente perpetradas por grupos paramilitares que protegen los intereses de negocios sucios.

El caso judicial podría tener consecuencias para la familia minera estadounidense Drummond que compró una mina cerca de La Jagua y ha sido acusada de utilizar las mismas tácticas.



Cargos contra Percy

  • Homicidio
  • Desaparición forzada
  • Desplazamiento forzado
  • Robo agravado
  • Conspiración para cometer un crimen

La investigación fue ordenada el 31 de octubre, semanas antes de que el Tribunal Constitucional eximiera a empresas como Prodeco y Drummond de la participación obligatoria en un tribunal de justicia transicional.


Los sospechosos aún pueden participar voluntariamente en este sistema si desean disfrutar de los beneficios judiciales otorgados por el sistema de justicia restaurativa.

De lo contrario, los mineros podrían enfrentar décadas de prisión si son declarados culpables.


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