Bogotá, 20 de septiembre de 2026
Me referiré a las declaraciones públicas y al oficio PRS-239-2026, del 18 de septiembre de 2026, mediante los cuales el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, puso en conocimiento de la ciudadanía y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de esa jurisdicción, derivada de iniciativas legislativas y presupuestales que cursan en el Congreso.
No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación.
Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales.
Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando.
El presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos.
Desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de TRES BILLONES DE PESOS. En 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos y, en 2026, opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027 solicitó 947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones.
Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos.
Tampoco acepto que se desvíe el foco hacia una acusación política para evadir la pregunta que, como presidente, tengo el deber de formular en nombre del país: ¿qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?
La JEP no está exenta de críticas. Durante años se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático.
Solo en 2026, su nómina se estimó en 404.477 millones de pesos. El propio presidente de la JEP ha pasado, según cifras difundidas en el debate público, de recibir un salario aproximado de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos desde que es magistrado de esa jurisdicción.
Eso no convierte en intocable cada cifra adicional que se solicita. Respeto la independencia judicial y la libertad de los jueces para decidir, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas.
Antes de denunciar una “asfixia institucional”, exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha.
Como presidente de Colombia, honro a las víctimas y respeto la independencia judicial. Pero cumplir el Acuerdo no significa que deba aprobar sin examen cualquier solicitud ni financiar sin medida una burocracia especial, en perjuicio de la Rama Judicial ordinaria, que es la encargada de combatir la impunidad que padece el conjunto de los colombianos y no solamente un sector.
Lo que sí tengo claro es que la Rama Judicial ordinaria necesita con urgencia mayores recursos para cumplir su misión. Allí están represados millones de procesos y miles de ciudadanos esperan durante años una decisión. Jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales trabajan, en muchos casos, con despachos congestionados, infraestructura insuficiente y graves limitaciones tecnológicas.
Por eso, mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos: la que combate la impunidad, protege a las víctimas y resuelve los conflictos reales de la ciudadanía. No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad.
Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar.
No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe –por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública– como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad.
No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas.
Abelardo De la Espriella
Presidente de la República de Colombia