El especialista pero de la estafa, contactó y obtuvo recursos de 1.100 aportantes e inversionistas que creyeron en la iniciativa.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al médico Juan Manuel Herrera Arbeláez, quien habría estafado a un grupo de personas con la idea de construir y poner en funcionamiento un complejo hospitalario en Saboyá (Boyacá), que contaría con 40 consultorios que darían posibilidades de trabajo y de atención a las necesidades de la comunidad.
Los elementos materiales probatorios indican que el especialista comenzó a promocionar el proyecto en 2012, con la promesa de entregarlo en su totalidad en 2016. Al parecer, acudió a diferentes medios con el fin de atraer inversionistas y compradores, aprovechó su reconocimiento profesional para generar confianza entre los interesados y aseguró contar con millonarias donaciones provenientes del extranjero.
De esta manera, presuntamente logró comercializar la totalidad de los consultorios ofertados, cada uno por un valor de 70 millones de pesos. Como parte de la negociación, cerca de 1.100 ciudadanos realizaron aportes de 2 millones de pesos con la idea de que también accederían a beneficios especiales en la prestación de servicios de salud.
Sin embargo, pese a las promesas de ejecución, las autoridades judiciales señalan que el proyecto nunca fue construido ni puesto en marcha. Según la investigación, el complejo hospitalario anunciado en Saboyá no pasó de ser una propuesta sin desarrollo real, mientras los recursos entregados por los aportantes habrían sido destinados a fines distintos a los informados inicialmente.
Mediante las diferentes maniobras, el médico Herrera Arbeláez se habría apropiado ilegalmente de 2.276 millones de pesos y el complejo hospitalario nunca se realizó. En ese sentido, una fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de estafa en masa agravada.
Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, un juez de control de garantías determinó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial y se define su responsabilidad en los hechos investigados.
El caso ha generado atención en el departamento de Boyacá, no solo por el monto de los recursos presuntamente defraudados, también por el número de personas afectadas y la duración del presunto esquema, que se habría extendido por varios años.