Gobierno radica proyecto de ley que ratifica Acuerdo de Escazú
El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley, “por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.
El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de tomas de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estos temas. De igual manera, busca crear y fortalecer tanto las capacidades como la cooperación, para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Para el Gobierno Nacional, la ratificación de este acuerdo genera la posibilidad de acceder al apoyo internacional, introduciendo elementos para la creación y fortalecimiento de capacidades de Colombia y de asistencia para la movilización de recursos y Cooperación Sur-Sur (CSS), con los países latinoamericanos y del Caribe.
Ante esta iniciativa, el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, comentó que la amenaza al medio ambiente es extremadamente grave, “documentado está, la necesidad de implementar más mecanismos como este para protegerlo urgentemente”, precisó.
De igual manera, hubo críticas sobre el momento en que fue radicado por parte del Gobierno la ratificación del acuerdo, como lo expresó el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, “si la vez pasada se presentó desde el 20 de julio con mensaje de urgencia y fue hundido, ¿qué va a pasar esta vez?”. Por su parte, el senador Guillermo García Realpe, del partido Liberal, comentó que ya ve voces de los partidos de derecha, “que le están haciendo conejo a Colombia, al medio ambiente y a la vida en el país y en el mundo”.
Voces en contra
Por su parte, los oponentes del acuerdo afirman que éste sería inconveniente, ya que, según ellos, “atenta contra la soberanía del país”, como lo expresó la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático: “Creemos, según lo demostrado en un estudio del Centro de Estudios Políticos de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, de cómo este acuerdo no es conveniente y es contrario a la legislación; a nuestro juicio creo que el Gobierno se equivoca al insistir en el proyecto”.
Por último, para el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, “el artículo séptimo prácticamente pone en entredicho la vigencia de absolutamente todos los planes de trabajo de la minería y de aquellos de intervención de la naturaleza que estén en vigencia”.
Cabe resaltar que el artículo séptimo, hace referencia a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, permite que las partes consoliden las estrategias para garantizar la participación efectiva, oportuna, abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, a través de mecanismos apropiados.
