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Fue asesinado defensor de derechos humanos en Tuluá, Valle

La Policía del Valle reportó el asesinato de José Arled Muñoz Girlado, de 54 años, defensor de derechos humanos del municipio de Tuluá, ubicado en el centro del departamento.

El hecho se registró en la noche de este miércoles sobre la carrera 21 con calle 9 en el barrio La Independencia, a las afueras de un establecimiento comercial del que era dueño. Tras recibir un impacto con arma de fuego, fue llevado a la clínica San Francisco en donde horas más tarde falleció

Muñoz era desplazado del municipio de Belén de Umbría, en Risaralda, y llegó a Tuluá en 2012 luego de haber sido víctima de un atentado perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Asimismo, se desempeñaba como fiscal de la Fundación “Afro Unidos del Pacífico” y también era parte de la Mesa Municipal de Víctimas en donde se encargaba de defender los derechos de las personas que se encuentran en situación de discapacidad como consecuencia del conflicto armado.

El defensor manifestó en varias ocasiones que era blanco de amenazas e intimidaciones por llamadas telefónicas a raíz del trabajo que desempeñaba.

“Justamente desde hace una semana él me había informado que temía por su vida porque había sido objeto de llamadas amenazantes, en las que lo obligaban a salir de esta ciudad”, afirmó Ernesto Cortés, coordinador de la Mesa de Víctimas de Tuluá, quien agregó que él y al menos otros diez integrantes de la Mesa también han sido amenazados por grupos armados.

Sin embargo, Muñoz no denunció estos hechos ante las autoridades pertinentes y tampoco solicitó un esquema de seguridad por temor a sufrir represalias contra su vida.

El coronel Javier Navarro Ortiz, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, aseguró que “pese a que ni la Policía Nacional ni otra institución recibió denuncias formales por amenazas, damos prioridad al caso y se desplegó un grupo de trabajo junto con la Fiscalía”.

Según el informe anual del Programa Somos Defensores, con 155 asesinatos,  2018 fue uno de los años más violentos para los defensores de derechos humanos en Colombia, con un incremento del 46,2% con respecto a 2017 cuando se registraron 106 homicidios.

Los departamentos con más casos fueron Cauca, con 28; seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander, con 15; Putumayo, con 13; Valle del Cauca, con 10 y Caquetá, con 10.

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