Fiscalía obtuvo la condena de una contratista que pagó 140 millones de pesos para ser favorecida con la construcción de un parque en Armero-Guayabal
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La Fiscalía demostró que sentenciada se reunió con el entonces alcalde municipal Medardo Ortega Fonseca; el exsenador Mario Castaño y Nova Lorena Cañón Reyes para que le fuera entregado el contrato de 1.250 millones de pesos.
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La Fiscalía determinó que la mujer le entregó al exalcalde Ortega Fonseca 140 millones de pesos, con tal de ser beneficiada con la contratación.
El material probatorio aportado por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción fue determinante para que un juez de conocimiento de Lérida (Tolima) condenara a Ruth Piedad Echevarría Campuzano, por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
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Según la investigación, la sentenciada hizo parte de una red delincuencial que se apoderó de la contratación pública en, al menos, una decena de municipios en el país. En virtud de un preacuerdo la mujer aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y deberá pagar 28 meses de prisión. La pena la cumplirá en establecimiento carcelario.
La Fiscalía demostró que Echavarría Campuzano se reunió en varias oportunidades con el entonces alcalde de Armero-Guayabal, Medardo Ortega Fonseca, con el exsenador Mario Castaño y la lobista Nova Lorena Cañón Reyes.
La Fiscalía determinó que los encuentros buscaban que la ahora condenada fuera beneficiada con un contrato para elaborar los estudios, diseños y construcción de un parque en el referido municipio, y cuyo monto alcanzó 1.250 millones de pesos.
Las diversas indagaciones evidenciaron que Echevarría Campuzano le entregó al exalcalde municipal 140 millones de pesos para asegurar que ella fuera la escogida para adelantar el contrato. También se constató que no contaba con la capacidad financiera, técnica ni la experiencia para realizar dicha obra.
En el fallo judicial se determina que la sentenciada pagué una multa equivalente a 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) para el año 2020, y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 34 meses.
