Fiscalía logra condena de más de 21 años de prisión para el exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco
La decisión está relacionada con las irregularidades detectadas en un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE), cuyo valor alcanzó los 17.145 millones de pesos.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años y ocho meses de prisión al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco por actos relacionados con corrupción.
El exfuncionario fue encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión judicial le impone a Monsalvo Gnecco una multa de 1.537 millones de pesos y lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por 261 meses.
Los magistrados avalaron los argumentos de la Fiscalía General de la Nación que demuestran cómo el exgobernador incurrió en una serie de irregularidades durante el trámite, suscripción y liquidación de un contrato de suministro de alimentos para los estudiantes del departamento; así como la apropiación de más de 1.537 millones de pesos a favor de terceros.
Según la investigación, el 21 de agosto de 2015, la Gobernación del Cesar, en el marco del Plan de Alimentación Escolar (PAE), firmó un contrato por 17.145 millones de pesos para prestar el servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes ubicados en zonas rurales y urbanas.
La Fiscalía evidenció que el exgobernador direccionó el contrato para favorecer a un contratista previamente determinado. La investigación demostró que el proceso licitatorio fue irregularmente estructurado, de forma tal que, en los estudios previos, no se tuvo en cuenta el número de estudiantes que serían beneficiados, ni se estableció la cantidad de raciones que debían ser entregadas.
Tampoco se realizaron estudios nutricionales para determinar los alimentos a suministrar, no se priorizaron menores de edad en situación de vulnerabilidad, ni se establecieron dietas o complementos alimenticios, y se omitieron análisis de mercado. Esto representó sobrecostos por 1.537 millones de pesos.
El fallo además ordena al INPEC trasladar al hoy condenado a un centro carcelario para que cumpla su condena.
Esta sentencia corresponde a un fallo de primera instancia y tanto la Fiscalía como la defensa apelaron la decisión.
