Fiscalía judicializa al secretario de gobierno de Meta, a exalcaldes y particulares que habrían participado en entramado de corrupción que generó un detrimento superior a 70.000 millones de pesos

• Los hechos de corrupción se presentaron en la contratación de obras públicas en municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca. 

• De manera paralela al proceso penal, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 32.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su presunta participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.

De igual manera, fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.

Los elementos de prueba indican que estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó los procesos contractuales para realizar obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales. La actuación del exsecretario y dos de los contratistas, al parecer, generaron un detrimento superior a 70.000 millones de pesos.

Investigación

En 2015, el ahora secretario de Gobierno de Meta habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.

En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.

El entonces alcalde de Fuentedeoro, el señor Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.

Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.

Golpe al patrimonio de la red de corrupción

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre varios activos que aparecen a nombre del secretario de Gobierno de la Gobernación del Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, al igual que los demás procesados y personas cercanas.

Se trata de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, que habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades que atentan contra la administración pública.

Los bienes, avaluados preliminarmente en 35.124 millones de pesos, fueron ocupados en diligencia realizadas con apoyo de la DIJIN en Paz de Ariporo (Casanare), Fuentedeoro, San Martín y Granada  (Meta), Cota (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá).Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).