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Fiscalía apeló decisión de un juez de garantías que impuso medida domiciliaria contra seis policías investigados por secuestro, hurto, extorsión y otros delitos

La Fiscalía General de la Nación apeló ante segunda instancia la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Mutatá (Antioquia) que impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio a un subintendente y a cinco patrulleros de la Policía Nacional, investigados por varios delitos.

Aprovecharon su condición de policías para extorsionar en Cúcuta

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal especializada de la Seccional Antioquia, la noche del 27 de febrero de este año, varios hombres que portaban armas de fuego y uniformes de la Policía Nacional llegaron  a la vivienda de un comerciante del municipio de Mutatá, Urabá antioqueño, y al parecer, le exigieron la suma de 50 millones de pesos a cambio de no hacer efectiva una supuesta orden de captura en su contra.

Luego de retener a la víctima y a su esposa por varios minutos, los presuntos delincuentes recibieron un millón de pesos en efectivo y acordaron llamar a la víctima para la entrega de otros 4 millones de pesos.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que antes de abandonar el inmueble, los investigados de habrían apropiado de un reloj valorado en $680.000.

Se evidenció además, que los hombres se movilizaban en una camioneta y un automóvil que estaban incautados por cuenta de otras investigaciones penales.

Por esos hechos, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el subintendente de la Policía Nacional Jackson Córdoba Hinestroza y contra los patrulleros John Fredy Aguilar Sánchez, Víctor Palacio Mosquera, Luis Sair Hernández Machado, Royer Sebastián Monroy Pulido y Luis Guillermo Garcés Pineda.

Al resolver la situación jurídica, el juez de garantías impuso a los procesados una medida de carácter domiciliaria por los delitos de doble secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión, hurto calificado y agravado, peculado por uso y concusión, por considerar que no hay peligro para la obstrucción a la justicia y porque han estado prestos al llamado de la Fiscalía.

La Fiscalía apeló y sustentó el recurso de apelación y está a la espera de la decisión de los jueces de segunda instancia.

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