Fiscal General entrega positivo balance en cuanto a esclarecimiento de homicidios y violencia intrafamiliar; y desarticulación de redes de narcotráfico en la isla de San Andrés

Entre los hechos destacados está la judicialización de Dixon Denzel Manuel Watson, alías Pago, presunto responsable de la muerte del cantante Fabián Eugenio Pérez Hooker, más conocido como Hety.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en compañía de la Vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera; la Delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Obando; y la directora seccional de San Andrés, Tatiana Angulo Meléndez, dio a conocer importantes resultados en cuanto a la lucha contra los delitos que afectan la tranquilidad de los residentes del archipiélago.

Durante su visita a esta parte del territorio nacional, el jefe del ente investigador destacó importantes resultados en cuanto al esclarecimiento de delitos como homicidio y violencia intrafamiliar. Además, resaltó el trabajo que ha permitido que sean desarticuladas varias estructuras criminales.

El Fiscal General también se refirió a la judicialización de Dixon Denzel Manuel Watson, alías Pago, presunto responsable del homicidio del cantante Fabián Eugenio Pérez Hooker, más conocido como Hety; quien murió el pasado 13 de marzo tras ser impactado por varios disparos.

El ataque ocurrió en el sector de Missión Hill donde la víctima compartía con Hillbor Allen Pusey Rodríguez, alías Fito Pusey; y Minerva Venecia Hooker James. El artista raizal murió en un centro asistencial. Las otras dos personas resultaron lesionadas y se encuentran fuera de peligro.

Pruebas testimoniales, reconocimientos fotográficos e inspecciones técnicas al lugar de los hechos permitieron identificar a alias Pago como la persona que, al parecer, manejaba la motocicleta desde la cual se realizó el ataque contra Hety y sus acompañantes.

Por estos hechos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron al procesado en el barrio Sarie Bay. La Fiscalía le imputó a Manuel Watson los delitos de homicidio, homicidio agravado en grado tentativa, y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravada; además, de lesiones de incapacidad para trabajar o enfermedad.

Ninguno de los cargos fue aceptado por Manuel Watson quien deberá cumplir la medida de aseguramiento en el centro carcelario de la isla, Nueva Esperanza.

El Fiscal General señaló que “en el año 2021 nosotros cerramos con el 77 por ciento del esclarecimientos de los homicidios ocurridos en la isla. Hoy tenemos, comparado frente al año anterior, un 50 por ciento en la reducción en los homicidios”.

Resultados en violencia intrafamiliar y estructuras criminales

Con respecto al delito de violencia intrafamiliar; en 2022, la Fiscalía reportó un porcentaje de esclarecimiento del 86 por ciento. De esta manera, la Fiscalía garantiza los derechos de todos ciudadanos en la calle y los territorios.

Asimismo, entre 2021 y 2022 la Fiscalía ha desarticulado cinco estructuras criminales, cuatro de estas dedicadas al tráfico de estupefacientes y una a extorsiones. En desarrollo de estas acciones fueron imputadas 31 personas por distintos delitos; 27 de las cuales fueron cobijadas con medidas de aseguramiento privativas de la libertad; lo que representa una efectividad del 96%.

El ente investigador impactó también una banda denominada VIP, dedicaba a comercializar estupefacientes en pequeñas cantidades entre turistas y residentes del sector céntrico la isla y del barrio Vietnam.

Entre los detenidos están Carlos Freite González, Moisés Ricardo Ramírez Marín y Sebastián Gómez, quienes fueron capturados en diligencias de allanamiento realizadas a varias residencias del centro de la ciudad. El material probatorio da cuenta que la red de tráfico de sustancias ilegales utilizaba un lavadero de motocicletas como fachada.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los delitos atribuidos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y concierto para delinquir. Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías envió a los procesados al centro reclusorio La Roca de San Andrés.