En su informe de balance del cuatrienio, el Ministerio de Agricultura destacó la implementación del programa Sembrando Vida, orientado a financiar proyectos productivos para organizaciones campesinas.
Bogotá, 17 de julio de 2026
Hay ocasiones en que una imagen se vuelve un símbolo capaz de condensar, en un solo gesto, un momento político complejo. En el cierre del Gobierno del presidente Gustavo Petro, una de ellas fue la de las sillas vacías durante la entrega del informe de gestión del sector Agricultura.
La ministra Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, presentaron el balance de la Reforma Agraria ante los asientos que debían ocupar los representantes designados por el gobierno entrante para el empalme. Aquellas sillas vacías hablan por sí solas: sugieren la falta de diálogo con que se inicia la transición y, sobre todo, dejan sin acompañamiento al mayor proceso de transformación rural del país.
Y es que las cifras presentadas son contundentes. Se han formalizado más de 2,28 millones de hectáreas, entregado 351.000 hectáreas e incorporado 806.081 hectáreas al Fondo Nacional de Tierras. A ello se suman la constitución de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina y 7 Territorios Campesinos Agroalimentarios.
Estos avances han estado acompañados por una mejora en las condiciones de vida de la población rural: 660.000 personas salieron de la pobreza monetaria en el campo. Además, el crédito de fomento agropecuario alcanzó los 161,2 billones de pesos, el nivel más alto de la historia reciente y más del doble de lo registrado durante el mismo periodo de 2014 a 2018.
Asimismo, se creó el Contador de la Reforma Agraria, una herramienta que permite saber, con transparencia y rigor, qué se ha hecho, dónde y cómo en materia de gestión de tierras. Y junto con representantes del movimiento agrario se firmó la resolución mediante la cual se adopta el Plan Decenal de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural, Integral y Popular 2026–2036. Todos estos son resultados que, por su dimensión, merecen ser examinados con rigor, discutidos con seriedad y evaluados con base en evidencia, no descalificados por consideraciones políticas.
Durante décadas, la Reforma Agraria fue una promesa recurrente en los discursos de campaña y una deuda permanente del Estado colombiano. La concentración de la tierra, la informalidad en la propiedad rural y el abandono histórico del campo alimentaron conflictos sociales, violencia y pobreza. En ese contexto, la propuesta de la Revolución por la Vida del Ministerio de Agricultura representó una apuesta decidida
En ese sentido, programas como Sembrando Vida, orientados a financiar proyectos productivos para organizaciones campesinas, avanzan en la dirección correcta. Por primera vez, el programa financió proyectos productivos de hasta 2.000 millones de pesos para organizaciones beneficiarias de tierras. A la fecha, ha apoyado más de 30 iniciativas, con inversiones cercanas a 18.000 millones de pesos, mientras más de 70 proyectos adicionales se encuentran en estructuración por un valor aproximado de 94.000 millones de pesos.
El reto será garantizar que esos proyectos sean sostenibles en el tiempo y no dependan exclusivamente del impulso de un gobierno determinado.
Este gobierno recuperó para la Reforma Agraria más de 550 predios, equivalentes a 109.000 hectáreas, que durante años permanecieron en manos de estructuras del narcotráfico, el paramilitarismo, testaferros, redes de corrupción y ocupantes indebidos.
Este resultado fue posible gracias al destrabe de procesos relacionados con bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), permitiendo que tierras asociadas al despojo, la violencia y las economías ilegales dejaran de representar el patrimonio de quienes se beneficiaron del conflicto para convertirse en un activo al servicio del interés público.
Más que una recuperación patrimonial, este proceso constituye un acto de justicia histórica. Significa revertir, desde el Estado, una de las expresiones más profundas de la concentración ilegal de la tierra y transformar bienes que simbolizaron el despojo en herramientas para la reparación, la democratización del acceso a la tierra y la construcción de paz.
Es la demostración de que la Reforma Agraria no solo redistribuye hectáreas, también recupera para la sociedad territorios que nunca debieron permanecer bajo el control de quienes hicieron de la violencia un mecanismo de acumulación.
A nivel internacional, en el marco de ICARRD+20 Colombia logró liderar, durante este gobierno, una declaración política respaldada por más de 26 naciones del mundo, que se convierte en una hoja de ruta de cara al foro especial de octubre que convocará el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y seguir impulsando la agenda que hoy presentamos al país.
Las políticas públicas que buscan transformar problemas estructurales requieren continuidad institucional. El desarrollo rural no puede reiniciarse cada cuatro años dependiendo del color político del gobierno de turno. El país necesita que las administraciones construyan sobre lo avanzado, corrijan lo que sea necesario y fortalezcan aquello que produzca resultados verificables.
En ese sentido, las sillas vacías del empalme son preocupantes. En una democracia la Reforma Agraria seguirá siendo objeto de debate político, y así debe ser. Habrá quienes destaquen sus avances y quienes cuestionen sus alcances.
Lo importante es que esa discusión se base en datos, resultados y evidencia, y no únicamente en prejuicios o narrativas partidistas. Porque, al final, lo verdaderamente trascendental no es quién inaugura una política pública, sino quién tiene la responsabilidad histórica de garantizar su continuidad y de no interrumpir un proceso que ha comenzado a saldar una deuda centenaria con las comunidades rurales.