Bogotá Celebra, Consejo de Estado admitió recurso de anulación en pleito contra CGR Doña Juana

Luego de conocer el fallo proferido por el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado 23 de abril, el Distrito, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Secretaría Jurídica Distrital, interpuso un recurso extraordinario de anulación de dicha providencia ante el Consejo de Estado al considerar que el contenido de este afecta los intereses de la ciudad al condenarla a pagar 64.000 millones de pesos.

En las últimas horas, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo admitió el recurso, el cual, a su vez, suspende de manera inmediata los efectos de la decisión arbitral objeto de revisión.

Dicha admisión fue destacada por la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) aseguró que “hasta el último día en la Alcaldía seguiremos defendiendo a los bogotanos de los abusos de concesionarios o contratistas (…) Iremos hasta las últimas consecuencias para defender el bolsillo de los bogotanos del abuso de las concesiones de basuras”.

Este es el tuit de la Alcaldesa en el que se refiere a la decisión del Consejo de Estado y agradece su oportuna intervención:

Hay que señalar que, en virtud del contrato de concesión 344 de 2010 y tras casi doce años de haberse suscrito la obligación de tratamiento de lixiviados y de optimización de la planta (PTL) y del sistema, esto no se ha hecho, e incluso está en peores condiciones de las que fue entregada en su momento por la administración de la ciudad.

En su momento, la Administración Distrital sostuvo, tras el fallo del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no se accedió a las pretensiones del operador que ascendían a 1.2 billones de pesos, y apenas reconoció alrededor del 5% de lo solicitado por el concesionario, sobre lo cual en todo caso solicitaremos varias aclaraciones.

Así mismo, tampoco accedió a la extensión del plazo del contrato y en consecuencia, no podrá operar el relleno más allá de la licencia actual, que se estima se cumplirá entre los años 2024 y 2025.

“La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés (por decir lo menos) para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos tipo sastre a la medida de intereses particulares y contrarios a la Ley. Es CGR la que está en deuda con Bogotá y con los bogotanos”, puntualizó.

Previamente, durante un debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado de la República, la alcaldesa Mayor también había indicado que este era un tema de “ética y de defensa de derechos de los bogotanos” y advirtió que no iba a pagar “un centavo más a un contratista incumplido”.

En sentido aseveró: “Cómo nos pueden volver a demandar por un fallo que ya perdieron, disfrazado con otra retórica, disfrazado con otros argumentos, y ya no solamente diciendo que se ha incumplido, sino que le tenemos que hacer un pago retroactivo de las tarifas que se pusieron en el 2018”.

Por otra parte, vale la pena recordar que desde julio de 2022, la UAESP presentó una denuncia penal contra los representantes legales de CGR Doña Juana por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.