Entre los activos afectados hay sociedades, inmuebles, establecimientos de comercio, vehículos y embarcaciones que habrían sido utilizadas para transportar clandestinamente a extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta países de Centroamérica.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 47 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de una red delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y ocultar, administrar e incrementar los recursos provenientes de esta actividad ilícita.
Los activos afectados, avaluados preliminarmente en 29.106 millones de pesos, están representados en 8 inmuebles, 3 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones, que estarían al servicio de la organización delincuencial para garantizar el transporte irregular de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta Centroamérica.
Los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación indican que parte de las propiedades también habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por el traslado irregular de, por lo menos, 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.
Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la DIJIN de la Policía Nacional en Medellín, Apartadó y Necoclí (Antioquia); Unguía y Quibdó (Chocó).