Este grupo delincuencial tomaba en arriendo las propiedades para engañar a las víctimas y hacerles creer que eran los propietarios de los bienes ofertados. La Fiscalía General de la Nación documentó al menos seis eventos delictivos en los que los propietarios legítimos fueron suplantados y nunca ofrecieron sus inmuebles en venta.
Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron dejar al descubierto una red delincuencial dedicada a la venta fraudulenta de bienes inmuebles en Bogotá, Mosquera y Funza. Los hechos, ocurridos entre noviembre de 2025 y abril de 2026, hicieron posible la identificación y judicialización de dos presuntos integrantes de esta organización.
La investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció que, a través de redes sociales, la estructura delincuencial promocionaba la venta de inmuebles con el fin de captar víctimas interesadas en la compra de vivienda o finca raíz.
Una vez las víctimas establecían contacto, los integrantes de la organización acordaban encuentros para mostrar los inmuebles y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita. Para ello, previamente tomaban las propiedades en arriendo y se hacían pasar por sus propietarios legítimos, con el propósito de ganarse la confianza de los compradores.
Asimismo, con la presunta participación de empleados de notarías, elaboraban documentos fraudulentos con sellos falsificados, entre ellos certificados de tradición y libertad, para inducir en error a los compradores.
Más detalles en la siguiente publicación de la Fiscalía General de la Nación en la red social X:
La Fiscalía General de la Nación documentó al menos seis eventos delictivos en los que los propietarios legítimos fueron suplantados y nunca ofrecieron sus inmuebles en venta. Asimismo, los implicados coordinaban citas con las víctimas en notarías previamente seleccionadas para formalizar los negocios ilícitos y recibían importantes sumas de dinero. Posteriormente, cortaban toda comunicación con los afectados. De esta manera, habrían obtenido de forma fraudulenta más de 500 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público.