Productos vencidos y en mal estado eran obtenidos en instituciones de salud, modificados en su apariencia, vendidos como originales por redes sociales y grupos de mensajería instantánea, y enviados a diferentes destinos del país, Venezuela y Ecuador.
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a una red criminal señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países de la región.
Los elementos materiales probatorios indican que productos farmacéuticos vencidos, descontinuados o en mal estado eran obtenidos en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), modificados en su apariencia para hacerlos pasar como originales y posteriormente ofrecidos y promocionados como tratamientos para el cáncer, el VIH, la diabetes, el lupus, la obesidad, los problemas hormonales y de crecimiento.
De igual manera, se conoció que el grupo delincuencial presuntamente contrató a una empresa de impresiones para falsificar los empaques y sellos, eliminar los registros caducados, poner fechas nuevas de expiración y lotes de fabricación. Posteriormente, desde Cúcuta (Norte de Santander) comercializaba los medicamentos por redes sociales y grupos cerrados creados en sistemas de mensajería, y coordinaba su envío como encomiendas a diferentes ciudades del país, Venezuela y Ecuador.
En la capital de Norte de Santander y su área metropolitana concentraban la distribución en droguerías de barrios y de manera informal a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.
En atención a los elementos materiales probatorios recopilados, 13 de los posibles integrantes de esta organización ilegal fueron capturados por servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en Bogotá, Cúcuta y Pelaya (Cesar).
Un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico de la Seccional Norte de Santander los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Los cargos no fueron aceptados.
Los procesados son el señalado cabecilla del entramado ilegal, Domingo Antonio Gutiérrez; y los presuntos encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles, identificados como María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.