Bogotá, 25 de agosto de 2026
El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para impedir que desde los centros de reclusión se continúen coordinando actividades criminales.
“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, precisó el Jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con la instrucción del Mandatario, diez de estas personas trasladadas se encontraban recluidas en estaciones de Policía y las otras diez permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
Entre ellas, mencionó a Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’, señalado de pertenecer a Los Pepes, Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, de Los Costeños.
También de este mismo grupo criminal, Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’.
En la relación divulgada por el Presidente aparecen, igualmente, Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias ‘Pastel’; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias ‘Makelele’, y Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias ‘Chocolate’.
Asimismo, José Eulises Flórez Blanco, alias ‘Ñeco’; José Luis Barrios Álvarez, alias ‘El Huequito’; Dairo Luis García Quintero, alias ‘El Pequeño’, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias ‘El Gordo Pan’, entre otros.
Los procedimientos de traslado se realizan bajo máximas medidas de seguridad y con apoyo de la Fuerza Pública, con el propósito de prevenir fugas, intentos de rescate o atentados durante los desplazamientos.
Una vez en Bogotá y durante los quince días siguientes a su traslado, los privados de la libertad serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).
“La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”, enfatizó el Presidente De La Espriella.