Bogotá

Tomás Jaramillo pagará desde su casa su condena de siete años por desfalco del Fondo Premium

Un juez de conocimiento condenó a Tomás Jaramillo Botero por el caso del Fondo Premium. Luego de firmar un preacuerdo, Jaramillo aceptó los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro, en calidad de cómplice. A cambio, estará en prisión por 7 años y deberá pagar una indemnización a las víctimas de $400 millones.

Según la juez que lo condenó, Jaramillo utilizó una “enmarañada estructura” para desviar los fondos que varios inversionistas le confiaron a Interbolsa. Los dineros ingresaban a través de Interbolsa. Una vez allí, los inversionistas recibían promociones del Fondo Premium de supuestas inversiones en empresas en el extranjero.

Realmente el dinero iba Curazao y a Panamá, desde donde, a través de empresas fantasma, volvía a los bolsillos de Jaramillo. Además de las excentricidades que compraron con los dineros, Jaramilo y su socio, Juan Carlos Ortiz, una gran parte de esos dineros eran destinados a la especulación de la acción de la empresa Fabricato.

En total, el Fondo Premium, con Jaramillo como cerebro, captó más de $305.000 millones, según la Fiscalía ($408.000 millones, según las víctimas), de 102.000 víctimas. Por estos hechos es que la juez lo condenó a 85 meses de prisión domiciliaria y el pago de una multa de 2.000 salarios mínimos, así como el pago de una indemnización de $400 millones a las víctimas.

Tomás Jaramillo ya había sido condenado en 2017 a cinco años y nueve meses de prisión, los cuales comenzó a pagar en casa, por los cargos de estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de acciones, también por su rol en el descalabro de Interbolsa. Sin embargo, un año después, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá elevó la sentencia a 12 años y 3 meses de prisión. Esta pena está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia.

La nueva sentencia en contra de Jaramillo surge de un acuerdo de colaboración que él firmó con la Fiscalía para reconocer su calida de “cómplice” en el entramado del Fondo Premium. Por esto, ni la defensa del empresario, ni la Fiscalía, ni las víctimas, ni la Procuraduría apelaron la decisión adoptada por la juez.

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