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Riña en la Estación de Policía de La Candelaria, en Medellín dejó un muerto y tres heridos

Un muerto y tres heridos fue el saldo que dejó una riña entre presos en la Estación de Policía de La Candelaria, en Medellín.

“Otro muerto más en estaciones de Policía de Medellín. La situación es muy preocupante. Son 436 personas que están en un espacio para 80 y entonces allá todo es una riña y motivos para que sucedan cosas como estas”, dijo el defensor de Derechos Humanos de la Población Carcelaria, Jorge Carmona Vélez, a RCN Radio.

La víctima mortal fue identificada como Bill Clinton Hama Gutiérrez, de 22 años, quien murió a raíz de sus heridas generadas con arma blanca. De acuerdo con Carmona, el hombre estaba privado de su libertad desde hace cuatro meses por el delito de hurto calificado y agravado.

El 28 de abril fue asesinado el preso Carlos Mario Salcedo, de 28 años, tras el ataque de otros internos en la misma cárcel. De acuerdo con el general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana, Salcedo habría sido capturado por delitos sexuales y el crimen ocurrió “prácticamente justicia por su propia mano”.

La Personería de Medellín se dirigió a la cárcel para verificar la situación y analizar si hubo una posible violación de derechos humanos.

En los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Antioquia hay un hacinamiento del 82 %. En los 19 centros de reclusión del departamento se supera ampliamente el promedio nacional que es del 50 %.

“Esta situación está afectando el servicio de la Policía. Nosotros tenemos 1.500 personas recluidas en las estaciones de la institución, sitios transitorios, donde no tenemos unidades sanitarias adecuadas y tampoco espacios para brindar alimentación. Si bien es cierto que han cometido delitos, sí merecen unas condiciones mínimas”, afirmó el general Camacho.

En el Valle de Aburrá los sitios están calificados para retener a las personas máximo 72 horas, pero hay internos que llevan más de un año.

El 1 de abril la Procuraduría abrió una indagación contra 28 alcaldes del país por presunta falta de diligencia y efectividad en la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo para proteger los derechos de la población carcelaria.

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