Con estos resultados se logró una afectación económica estimada en cerca de 4.500 millones de pesos. Las autoridades informaron que estos resultados se obtuvieron mediante diligencias de allanamiento y registro ordenadas por la Fiscalía.
En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, las autoridades lograron detener a seis personas en flagrancia por delitos relacionados con el hurto de automotores y la comercialización ilegal de autopartes. Además, las autoridades lograron la recuperación de 16 vehículos hurtados, entre ellos 11 automóviles, dos motocicletas, dos camiones y un bus.
Una ofensiva estratégica contra el hurto de vehículos, motocicletas y el comercio ilegal de autopartes fue adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Fiscalía General de la Nación, en las localidades de Los Mártires y Barrios Unidos.
El operativo, denominado Operación ‘San Antonio’, se desarrolló durante más de 11 horas en los sectores de La Favorita y el 7 de Agosto, zonas históricamente señaladas por este tipo de delitos.
En total se realizaron 13 diligencias de registro y allanamiento, que permitieron afectar de manera directa las finanzas de organizaciones criminales dedicadas a la receptación.
Durante los procedimientos también fueron recuperadas e incautadas 830 autopartes, entre las que se encuentran 86 sistemas eléctricos de ignición, 16 motores de motocicletas y 324 puertas de automóviles, evidenciando la magnitud de la estructura ilegal intervenida.
“No vamos a parar en la lucha contra el hurto de vehículos en Bogotá, ni vamos a descansar hasta cerrarle el espacio a todos los mercados ilegales que se desprenden de esta actividad delictiva. Sin embargo, parte del éxito de la lucha contra el hurto a vehículos y motocicletas radica en que la gente no consuma partes robadas, ni autopartes de segunda. Hacerlo es volverse cómplice de un delito, pero adicionalmente al comprarlas se pone en riesgo la vida propia porque no hay garantía de los servicios”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.
Las investigaciones permitieron establecer que los indiciados utilizaban varios locales comerciales como fachada para almacenar y desarmar vehículos hurtados. En estos inmuebles contaban con ascensores de carga adaptados, a través de los cuales trasladaban motocicletas a pisos superiores para ser desarmadas, y posteriormente distribuían las piezas en otros establecimientos abiertos al público, otorgándoles apariencia de legalidad.
Gracias a la incautación de automotores y autopartes utilizadas para actividades ilícitas, se logró una afectación económica estimada en cerca de 4.500 millones de pesos, debilitando de manera significativa la capacidad financiera de estas organizaciones criminales.
En el marco de esta operación, las autoridades adelantan además un proceso de extinción de dominio contra un reconocido establecimiento comercial, presuntamente vinculado a estas actividades ilegales.
Las seis personas detenidas fueron presentadas ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó las detenidas y las incautaciones.
La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de receptación; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y falsedad marcaria, de acuerdo con su grado de responsabilidad.
Las autoridades informaron que estos resultados se obtuvieron mediante diligencias de allanamiento y registro ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación por el delito de receptación, liderada por el Grupo de Patrimonio Económico de la DIJIN.