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Procuradoria suspendió a controlador de Boyacá por irregularidades en un contrato

El saliente contralor general de Boyacá, Pablo Augusto Gutiérrez, fue suspendido por cuatro meses de su cargo, después de que la Procuraduría General de la Nación estudiará su caso en el que él y seis funcionarios más, también suspendidos, hayan aprobado y ejecutado un contrato de servicios para realizar una actividad turística en Panamá, por un valor que asciende los $137’000,000.

El órgano de control disciplinario catalogó a esta falta como “grave cometida con culpa grave”, teniendo en cuenta que “el contrato en el cual se utilizaron recursos públicos del Fondo de Bienestar Social de los Servidores Públicos de la Contraloría General de Boyacá, se efectuó sin la debida planeación, por cuanto la actividad no se contempló en un programa de bienestar, y que los estudios técnicos no respondieron a las necesidades de la entidad, ni se adelantaron bajo criterios de equidad y eficiencia”, como fue precisado en un comunicado oficial.

Estos hechos se presentaron entre el 3 y el 5 de marzo de 2018, cuando estos funcionarios, en su calidad de miembros de la Junta Directiva del Fondo de Bienestar Social de los Servidores Públicos del órgano de control fiscal aprobaron de manera unánime la propuesta de una empresa para organizar y realizar un viaje a Panamá para 73 empleados de la entidad.

Además de las sanciones disciplinarias, la Procuraduría expresó su preocupación por el hecho que los directivos del fondo de la entidad no tenían claridad sobre el régimen aplicable a los recursos que manejan.

Si bien las sanciones parecen estar en firme, contra esta decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, los involucrados procederán un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

Los otros seis funcionarios que fueron suspendidos junto a Gutiérrez, son: Enrique Monroy, secretario General; Luz Ángela García, directora Administrativa; Mónica Yasmith Buitrago, subdirectora Financiera -todos ellos con tres meses de sanción- y los profesionales universitarios, Yaneth López, Adolfo Quintana y María Stella Rondón, con dos meses de sanción.

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