La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para garantizar la transparencia y el estricto cumplimiento de la normativa en el trámite de concesión de agua solicitado por la empresa Coca-Cola en La Calera, tema que ha generado gran preocupación ciudadana y un riguroso ejercicio de veeduría comunitaria.
Si bien la competencia para otorgar, revisar o prorrogar concesiones de agua corresponde exclusivamente a la autoridad ambiental –en este caso la CAR–, la ministra afirmó: “Desde este ministerio tenemos la obligación de velar para que se cumpla la ley y, sobre todo, para que se proteja el agua como bien común y derecho fundamental. La ley es clara: el agua para la gente tiene prioridad sobre cualquier uso industrial”.
El ministerio recordó que, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, las concesiones de agua solo pueden prorrogarse en el último año de vigencia y, aun así, siempre deben garantizar en primer lugar el derecho humano al agua y el consumo colectivo.
En ese sentido la ministra advirtió que, tras 40 años de explotación del recurso hídrico, no puede adelantarse una presunta prórroga automática sin un análisis técnico profundo, que considere el historial de la concesión, los procesos sancionatorios en curso, los efectos del cambio climático y, especialmente, las preocupaciones expresadas por la ciudadanía.
Por lo tanto, el ministerio solicitó la instalación de una mesa técnica para el viernes 3 de octubre y una sesión extraordinaria, urgente y transparente del Consejo Directivo de la CAR, en la que se informe: el estado actual del trámite de prórroga; si se ha considerado iniciar un nuevo proceso de concesión en lugar de prolongar un permiso vigente desde hace más de cuatro décadas; cómo fueron incorporadas las observaciones de la audiencia pública; y qué estudios técnicos y jurídicos respaldan la decisión.
“Seremos firmes en defender el derecho humano al agua y en garantizar que cada decisión sobre este recurso vital se tome con base en la evidencia científica, el principio de precaución y la justicia ambiental”, aseguró Vélez Torres.
Finalmente, la ministra reiteró que toda la información y las decisiones relacionadas con el agua deben ser públicas y transparentes, de cara a la ciudadanía.