Son señalados de realizar capturas ilegales para recibir beneficios y mejorar las estadísticas de la zona que estaba su cargo, y de exigir dinero para no poner a disposición de la Fiscalía a personas capturadas en situación de flagrancia.
La actuación ilegal de un teniente y 11 patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá quedó en evidencia con las denuncias recibidas de la comunidad de la localidad de Puente Aranda, en el centro de la ciudad, y los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación.
Los elementos materiales probatorios indican que los uniformados estarían involucrados en, al menos, 26 hechos delictivos.
En ese sentido, se conoció que presuntamente exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial, realizaron detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales, permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y se concertaron con redes delincuenciales para robar cable y comercializar el cobre.
Para darle apariencia de legalidad a estas actuaciones ilícitas habrían alterado informes judiciales. De esta manera evitaron que las irregularidades fueran detectadas por mandos superiores. Asimismo, en el curso de la investigación se identificaron cuentas bancarias ocultas en las que se llegaron a mover más de 200 millones de pesos.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentó a los 12 policías ante una juez de control de garantías y los imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
LAS JOYITAS DE POLICIAS
“Los policías se asociaban con personas en condición de calle para planear, ordenar el hurto de cable de la empresa de telefonía y comunicaciones ETB. Adicionalmente, permitían la quema de este cable para extraer el cobre, el cual era vendido en ocasiones hasta por los mismos uniformados en tiendas de compraventa de este metal”, indicó la jueza en las audiencias concentradas.
De acuerdo con el material probatorio recopilado, los uniformados estarían implicados en al menos 26 hechos delictivos, entre ellos se documentaron exigencias de dinero a personas capturadas en flagrancia por delitos como hurto o microtráfico, a cambio de no ponerlas a disposición de la Fiscalía.
“Cuando el personal de seguridad de los almacenes de cadena les dejaban a disposición personas que eran precisamente sorprendidas en flagrancia y puestas a disposición de los uniformados de camino a la estación. Con los detenidos ya esposados, estos uniformados, como ya era su modus operandi, iniciaban una presión psicológica, preguntaban a las personas si tenían hijos, si eran menores de edad, con quién los dejarían y pues así mismo les advertían sobre las posibles penas de prisión. Era por ello que las personas ante el miedo y la presión, pues solicitaban ayuda. Es así que los funcionarios entonces les ofrecían elaborar informes que no fueran tan pichos, lo que eran informes alterados que faltaban a la verdad para facilitar su liberación al día siguiente”, revelaron en la audiencia.
Nueve de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y los tres restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.