La Policía Nacional asestó golpes históricos, en nueve departamentos, a las finanzas de las bandas criminales.
Bogotá, 23 de diciembre de 2025
En operativos adelantados entre el 14 y el 20 de diciembre, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ocupó bienes de estructuras criminales, avaluados en $445.115 millones.
De acuerdo con el ministerio de Defensa Nacional, los bienes estaban “al servicio de los carteles del Eln, el Clan del Golfo y la estructura delincuencial Cordillera, en nueve departamentos del país”.
“Cada inmueble, cada vehículo y cada activo recuperado es un golpe directo a las finanzas del narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el lavado de activos y el homicidio. Defender la vida también es cerrarle el camino al dinero ilegal”, anotó el comunicado.
La incautación representa una afectación directa a las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el lavado de activos y el homicidio, según informó la Policía Nacional. Con estas acciones, las autoridades continúan debilitando las finanzas del crimen organizado y fortaleciendo la seguridad de los colombianos.
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), señaló que se trató de una “gran ofensiva” contra el narcotráfico, la minería ilegal y el desplazamiento forzado.
“El balance consolidado de las diligencias arrojó un avalúo total de $445.115.185.610. Los inmuebles, vehículos, sociedades, semovientes y productos financieros estaban distribuidos en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, territorios donde confluyen distintas economías ilegales y corredores estratégicos”, explicó el oficial.
Antioquia: minería ilegal y estructuras armadas
En Medellín y los municipios de Amalfi, Campamento y Sabaneta se concentró el mayor número de bienes ocupados. Allí se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 264 activos —entre fincas, casas, edificios, lotes, un hotel, apartamentos, vehículos, establecimientos de comercio, sociedades, un título valor, semovientes y equinos— con un avalúo de $375.000 millones.
Las investigaciones atribuyeron estos bienes a la red liderada por alias “Horqueta”, identificado como comandante del Frente Capitán Mauricio del ELN. Según la información judicial, la estructura financiaba sus actividades mediante la explotación ilícita de oro, utilizando maquinaria amarilla amparada por sociedades mineras que operaban como mecanismos de legalización de recursos.
Urabá y Valle de Aburrá: narcotráfico de cuarta generación
En otra línea de intervención, las autoridades ocuparon 81 bienes en Urabá y el área metropolitana del Valle de Aburrá. El paquete incluyó lotes, apartamentos, casas, una parcela, un parqueadero, una sociedad, un establecimiento de comercio, cuentas bancarias y vehículos, con un valor estimado de $23.166.937.610.
Los activos fueron vinculados a alias “Cholo Banano”, señalado como narcotraficante de cuarta generación al servicio del ‘clan del Golfo’. Los expedientes describen una estructura dedicada a la administración de bienes raíces y flujos financieros para sostener rutas de tráfico y operaciones logísticas.
Suroccidente y sur del país: infraestructura para la cocaína
En Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño se adelantaron diligencias conjuntas con la Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Allí fueron ocupados 13 bienes —entre fincas, lotes, establecimientos, motocicletas y vehículos— avaluados en $11.707.248.000.
Los activos fueron atribuidos a los cabecillas “Marlon” y “Gerson”, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual – Estado Mayor Central. De acuerdo con la investigación, varios predios eran utilizados como laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, zonas de cultivo de hoja de coca, depósitos de armamento y nodos logísticos en Cauca y Caquetá.
Pereira: redes de distribución urbana
En la capital de Risaralda, entre el 4 y el 5 de diciembre de 2025, se impusieron medidas cautelares sobre cinco bienes —casas, una casa campestre y un establecimiento de comercio— con un avalúo de $5.435.600.000.
Estos activos fueron relacionados con el núcleo familiar de alias “Viejo”, “May” o “Lalo”, identificado como cabecilla del Grupo Delictivo Organizado Cordillera. La investigación estableció que la red obtenía estupefacientes en Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, los trasladaba hasta Pereira y los distribuía al menudeo, incluso en zonas cercanas a colegios y áreas comerciales.
Valle del Cauca y Quindío: flujos financieros transnacionales
En ambos departamentos se materializó la extinción de dominio sobre 12 bienes —casas, apartamentos, establecimientos de comercio y vehículos— avaluados en $7.310.400.000. Las actuaciones se relacionaron con la organización liderada por alias “Valentina”.
Según los documentos judiciales, el esquema operaba mediante la recolección de divisas en Estados Unidos y su posterior ingreso al sistema financiero colombiano a través de depósitos fraccionados, modalidad conocida como “pitufeo”, utilizada para evadir los controles bancarios.
Antioquia y Cartagena: control urbano
Entre el 4 y el 5 de diciembre de 2025, en Antioquia y en la ciudad de Cartagena, se afectaron 19 bienes —apartamentos, cuartos útiles, una finca, parqueaderos y vehículos— con un avalúo de $8.850.000.000.
Los activos fueron vinculados a alias “Lindolfo” y “Diego Chamizo”, señalados como cabecillas del grupo de delincuencia común organizada La Oficina de Envigado. La información recopilada por las autoridades indica que esta estructura mantiene influencia sobre una parte significativa de los combos que operan en Medellín, entre ellos “Los Chatas”, “Caicedo” y “La Terraza”.
El Dovio y el corredor hacia el Pacífico
En zona rural y urbana del municipio de El Dovio, en el norte del Valle del Cauca, las diligencias se concentraron entre el 10 y el 12 de diciembre de 2025 en el aparato financiero del Grupo Armado Organizado Residual Comando de Frontera. Las medidas recayeron sobre 37 bienes, avaluados en $13.645.000.000, asociados a Óscar Jaime Lasprilla Quintero, alias “Flaco Alberto”, identificado como cabecilla financiero del GAO-r, y a su núcleo familiar.
Las investigaciones establecieron que los bienes eran utilizados como laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, áreas de cultivo de hoja de coca y espacios para el ocultamiento de armamento, explosivos y municiones. Los reportes oficiales ubicaron a esta organización en el norte del Valle del Cauca, con vínculos con el GDCO Rastrojos Nueva Generación y con interés estratégico en el cañón de las Garrapatas, corredor señalado por su conexión directa con rutas hacia el océano Pacífico.