Fue destituido secretario de Movilidad por irregularidades en contrato de semáforos en Bogotá

Por irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para la renovación de semáforos en Bogotá, adjudicado al consorcio Movilidad Futura 2050 (integrado por Sutec y Siemens), la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos a Juan Pablo Bocarejo, actual secretario de Movilidad de la ciudad.

Según el ente de control, que a lo largo del proceso hizo advertencias y solicitó explicaciones e incluso revocar el proceso, por considerar que había “inconsistencias y anomalías”, Bocarejo no ejecutó las acciones para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, “con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación”.

La sanción cobija también a la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, y a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo. Para el organismo, la conducta de los tres funcionarios fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo.

“Hubo falta de planeación en la etapa precontractual, pues la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor”, indicó el ente de control.

En su determinación de primera instancia, la Procuraduría señaló además que la entidad inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación sin tener diseñado el sistema de comunicaciones para los semáforos, un soporte fundamental para su funcionamiento, “lo que demuestra que existía una clara posibilidad de que se iniciara su ejecución sin contar con ese apoyo tecnológico”.

El ente declaró que esa situación genera una serie de riesgos de orden operativo, económico y hasta jurídico, que son consecuencia de la falta de planeación en la contratación.

En todo este contexto, no puede pasar por alto que durante la licitación fueron varias las advertencias dadas alrededor del Consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por Sutec (99 %) y Siemens (1 %), en las cuales se pusieron de presente los escándalos en los que ha sido mencionada la firma argentina Sutec en otros países y las dudas alrededor de sus finanzas.

Señalaron, por ejemplo, que la empresa estaba mencionada en los Panama Papers y que tenía relación con otros competidores en el proceso, lo que podría generar una inhabilidad, y advirtieron que estaba al borde de la quiebra. En un correo electrónico dirigido al secretario de Movilidad le señalaron tres asuntos: incumplimiento en el pago de seguridad social de sus empleados, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; millonarias deudas y cheques devueltos por falta de fondos, según el Banco Central de la República Argentina, y deudas con el fisco, reportadas por recaudadores de impuestos regionales.

A ello se suma que en marzo pasado fue radicada ante Movilidad una petición para declarar nulo el contrato con el Consorcio Movilidad Futura 2050, al encontrar que el socio mayoritario, Sutec, posiblemente presentó estados financieros alterados con el fin de cumplir los requisitos de la licitación.

Los documentos que respaldaron la queja fueron los estados financieros del año 2016, que la compañía presentó en Argentina, donde queda su casa matriz, y los que radicó ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Aunque en apariencia ambos tienen el mismo origen, al compararlos hay diferencias en las cifras.

Mientras en Colombia se mostraron solventes, en su país “estaban a punto de llegar a causal de disolución”. Por si fuera poco, aunque ambos documentos aparecen avalados por los contadores Maximiliano J. Álvarez y Julio Ómar Gallo, y el presidente de la empresa, Andrés Cufiño, las firmas no coinciden.

En contexto

La ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero los intentos han terminado empantanados por denuncias. La reciente licitación que abrió la Secretaría de Movilidad, por $200.000 millones, no fue la excepción. Desde el anuncio, la Procuraduría hizo reparos y criticó la falta de claridad del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.  El Ministerio Público cuestionó los cambios al convenio con la ETB, para operar el sistema; un posible conflicto de intereses de los que estructuraron el proceso, y que no armonizó el plan con la modernización del transporte.

Los fracasos en este proceso tienen antecedentes desde 2008, cuando Movilidad abrió una licitación que declaró desierta porque nadie cumplía las condiciones. En 2009 la abrió de nuevo, por $215.000 millones, pero la cerraron por falta de presupuesto. Ante ese panorama, planteó dividir la modernización en tres fases, que culminarían en 2012, pero tampoco la realizó.

El último intento lo hizo la administración Petro en 2015, pero fracasó luego de que la Procuraduría advirtió inconsistencias en los pliegos. La licitación suscitó especial interés, debido a que la Movilidad había fracasado en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos, que le valió una investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y al concejal Conservador Severo Correa, quien al parecer medió entre los contratistas y el Distrito para cerrar el negocio.

La historia parece repetirse, y lo que preocupa es que la gente debe seguir lidiando con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en Bogotá. Esta es una de las secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que buscaba crear un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo con la situación en la que se encontraran las vías.

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