Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores.
La determinación se produjo cuatro horas después de que la fiscal Elsa Reyes oficializara la imputación por presunto prevaricato por omisión. Este movimiento implica que, al menos por ahora, el alto funcionario no será llamado a responder ante la justicia por el presunto manejo insuficiente del esquema de seguridad del senador, aunque las indagaciones sobre posibles fallas internas en la protección al líder opositor seguirán su curso.
Así pues, la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, que había presentado la imputación y programado la audiencia para el 11 de febrero de 2026, no formaba parte de ese grupo, razón por la cual la Fiscalía consideró improcedente su actuación y retiró la solicitud de imputación.
La fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el “Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay”.
La medida no implica el cierre de la investigación.
En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso.
La acusación que enfrentaba Augusto Rodríguez se basó en la recopilación de evidencias por parte del abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay.
Según su investigación, el senador y su entorno habrían remitido al menos 23 solicitudes de refuerzo de su esquema de seguridad a la UNP, sin obtener respuesta efectiva. El día del atentado, el 7 de junio de 2025, un sicario logró acercarse a menos de dos metros del entonces precandidato presidencial, que solo contaba con la protección de tres escoltas, a pesar de ser uno de los líderes políticos más amenazados del país.
Por su parte, Augusto Rodríguez manifestó a medios que la medida adoptada tenía “tinte político” y defendió su gestión al frente de la UNP. La Presidencia, a través de Rodríguez, insistió en que el caso debía ser manejado con rigor técnico y sin motivaciones ajenas a la investigación judicial.
La indagación sobre las presuntas omisiones en la protección de Miguel Uribe Turbay será ahora competencia exclusiva del Grupo de Tareas Especiales, conformado específicamente para casos de alto perfil.
Se instalará una mesa técnica para revisar el expediente y los elementos materiales obtenidos, así como para definir si existen responsabilidades administrativas o penales en la cadena de decisiones que involucró a la UNP.
Durante la investigación, se documentó que el propio Uribe Turbay había transferido su esquema de protección a su esposa, un hecho relevante que permanece en análisis dentro del expediente y que podría incidir en las responsabilidades de los funcionarios involucrados.