Más de $942 mil millones entregados por el Gobierno nacional durante la época de pandemia para financiar proyectos de subsidios, estarían en riesgo recuperación, reveló una auditoría realizada por la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc) a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).
De acuerdo con el Itrc, la auditoría “encontró fallas críticas en los controles de selección y fiscalización de los programas Paef y PAP”, creados durante el Gobierno anterior.
El programa Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal) fue una ayuda económica del Gobierno pasado a las empresas para preservar empleos formales durante la emergencia del Covi1-19, mientras que el PAP (Apoyo para el Pago de Prima de Servicios) se creó para subsidiar el pago de esta obligación laboral.
El Itrc es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que ejerce funciones preventivas y sancionatorias, y vigila a entidades como la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la Ugpp y Coljuegos con la misionalidad de supervisar la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos.
En su auditoría, el Itrc advirtió de “deficiencias que podrían poner en peligro la recuperación de hasta $942.000 millones”, entre otras:
1- Carencia de medidas de seguridad y resguardo en bases de datos utilizadas en los procesos de fiscalización.
2- Irregularidades en exclusiones de población sujeta a control en tres programas, con un impacto fiscal estimado en $923.399 millones.
3- Errores en el cargue de información en el aplicativo BPM, con un riesgo de $405 millones. El BPM es el sistema de información electrónica que gestiona los procesos de fiscalización en la Ugpp.
4. Discrepancias entre datos de empresas y empleados beneficiarios, por $18.778 millones.
Recomendaciones de la ITRC
La entidad presentó varias recomendaciones en su auditoría, entre ellas:
– Implementar controles estratégicos y operativos para proteger la integridad de sistemas y bases de datos.
– Revisar con prioridad los casos excluidos que presentan inconsistencias, antes de que venza la facultad de fiscalización el 1° de noviembre de 2025.
– Fortalecer el procedimiento de exclusiones, sustentándolo normativamente y avalándolo con estudios técnicos, financieros, jurídicos y contables cuando corresponda.
– Auditar el aplicativo BPM para corregir las fallas en el cargue de la información.
– Adoptar medidas urgentes que garanticen trazabilidad, seguridad y legalidad en el tratamiento de datos, a fin de evitar la pérdida de recursos públicos destinados a la reactivación del empleo formal.
Con información de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – Itrc