El senador, Alberto Castilla habló sobre la investigación que adelanta la corte suprema de justicia en su contra

El senador, Alberto Castilla habló sobre la investigación que adelanta la corte suprema de justicia en su contra. El congresista tendría vínculos con el Eln, sin embargo, Castilla dice que todo es una estrategia para hacerle daño y teme más que nunca por su vida.

Hace más de un mes, la Fiscalía anunció que le había pedido a la Corte Suprema que investigara unos supuestos vínculos suyos con el Eln. ¿Ya conoce por qué se toma esta decisión?

Lo que conozco de la compulsa de copias es lo que han publicado los medios de comunicación. El 16 de marzo salió la noticia y el 23 decidí ir a la Corte Suprema de Justicia para explicarles que estaba a su disposición. Ese día radiqué un poder para presentar a mi abogado, a quien no se le ha reconocido la persona jurídica, y por eso no sé nada más del proceso.

¿Por qué no le han dado el reconocimiento?

No sé. Esos son los tiempos de la Corte. Hasta que eso pase no vamos a tener acceso a la información del caso, y por eso mismo no sabemos en qué pruebas está basada la decisión de la Fiscalía. Lo último que supe es que ya hay una investigación previa y que los magistrados le pidieron al Congreso el certificado en el que diga que yo soy congresista.

Según el expediente de la Fiscalía, el testimonio de un desmovilizado del Eln, Reyes Adolfo Sanabria, fue clave para compulsar copias. Según esa versión, usted tenía relaciones con la guerrilla desde 1999. ¿Qué estaba haciendo en esa época?

Yo era concejal del municipio de Convención (Norte de Santander), en donde estuve entre 1998 y 2000. Soy de ahí. No entiendo por qué ese personaje dice eso. Ni siquiera sé quién es. Lo que conozco de esa persona es que ya murió. Tengo que esperar a saber con certeza qué es lo que dice exactamente el testigo. Por ahora sé poco. Dijo que yo había cobrado una extorsión. Pero no entiendo por qué lo dice si jamás he participado en algo así.

¿Cree que hay alguien más detrás de la decisión de la Fiscalía?

Creo que hay unos intereses regionales en hacerme daño. Yo tengo una vida muy activa en la región del Catatumbo. Soy líder campesino. Siempre he estado ligado a esta zona y tengo unas posiciones que son conocidas y críticas frente a la forma como interviene el Estado en la región y en lo que significó para este territorio el acuerdo para poner fin al conflicto armado entre las Farc y el Gobierno. He criticado mucho el tema de sustitución de cultivos y el enfoque territorial y de desarrollo. Y entiendo que estos temas pueden incomodar. Además, el anuncio de la Fiscalía se da justo después del 11 de marzo, el día en que conseguí la reelección en el Senado.

Entonces, ¿para usted, esta investigación es el castigo por quedarse otros cuatro años más en el Congreso?

Creo que esa es una situación que también incomoda a un sector político del Catatumbo que busca inversiones estatales y mis posiciones son problemáticas para ellos. Sería irresponsable de mi parte señalar nombres en estos momentos. Soy un hombre público. Estoy trabajando en la administración desde 1987. Usted cree que si yo fuera el responsable de la extorsión, ¿las personas afectadas no se acordarían de mí? Yo tengo el mismo rostro, no he cambiado. ¿Cómo me van a endilgar semejante responsabilidad cuando yo no tengo nada que ver? Lo digo con toda la sinceridad: no tengo nada que ver en esto y tengo la conciencia tranquila.

La región del Catatumbo, de donde usted es oriundo, es históricamente conocida por su difícil relación con grupos armados. ¿Cómo se ha visto afectada su vida en este sentido?

Opté por hacer parte del movimiento social desde hace mucho tiempo. Nunca opté por la insurgencia ni por la lucha armada. Soy de un pueblo con mucha historia y toda clase de dificultades. Desde que tengo 19 años me he dedicado a trabajar para la gente, a consolidar mi relación constante con el campesinado y conocer de primera mano la realidad social de la región. Claro, he sido defensor de derechos humanos, sí.

¿La decisión que usted tomó de no estar en la insurgencia y más bien dedicarse a la defensa de derechos humanos es lo que lo tiene hoy en esta situación?

No. Lo que me tiene enfrentando esta compulsa de copias es mi decisión de entrar en la política colombiana. Como líder social, sabemos que enfrento unos antecedentes de persecución, judicialización y asesinatos. Uno sabe que reclamar y defender el territorio y luchar por la paz en Colombia es una de las luchas más complicadas que hay. Pero lo he hecho consciente de los riesgos. Creo que esta situación, en parte, es una estrategia para atacar al movimiento social que represento y que consiguió una representación importante en las últimas elecciones. Mi trabajo genera incomodidad porque somos diferentes a la política tradicional y a su representación.

¿A qué se refiere con que su trabajo genera incomodidad?

Soy uno de los congresistas que más respaldan las consultas populares, que más se han dedicado a reclamar el reconocimiento político del campesinado como sujeto político de derechos, en medio de una política pública y normatividad que los desconoce. Esta lucha está en contra de los intereses de las mayorías en el Congreso. La compulsa se conoce justo la semana en que el Polo Democrático consigue una representación importante en el Congreso, cuando nadie se la esperaba, y menos que yo consiguiera una curul. A mí me parece muy extraño eso.

¿Se arrepiente de haber entrado en la política?

Hay momentos en que sí. Yo pienso que el sistema político de Colombia está diseñado para que existan prácticas y comportamientos que requieren tener una coraza para enfrentarlos. Cuando uno está tranquilo y quiere debatir sobre la política pura, es difícil entrar en esa dinámica que ha predominado durante muchos años. Siempre he tratado de ser ético y transparente con mis actos. A veces pienso que si no hubiera ganado en las elecciones de marzo pasado, no tendría esta investigación. Debo resaltar que, a pesar de esto, es importante lo que hemos avanzado, porque hoy tenemos una lectura un poco más cercana a la necesidad de representación política de los movimientos sociales. Hoy el campesinado tiene su reconocimiento como su principal apuesta.

¿Cómo describe la manera de hacer política en Colombia?

Es una política clientelista y sin clara representación. Si aquí hubiera un sistema en el que el parlamento representara intereses claros, las cosas serían diferentes. Pero eso no pasa. Las votaciones siempre son un misterio porque los congresistas actúan de acuerdo con el momento en que se necesita su voto. Pero no responden a una corriente de pensamiento.

Usted asegura que detrás de la compulsa de copias en su contra hay intereses regionales. ¿Al fiscal por qué le interesa el Catatumbo?

Porque ha estado cercano a un sector que ha tenido ejercicios de acaparamiento de tierras en la zona. Antes de que fuera elegido fiscal, yo dije que debía declararse impedido y apartarse de sus funciones porque sí hay procesos conocidos, demostrados y denunciados de cómo se han dado estos hechos en la región y de cómo se quiere imponer un modelo para el campo desde las zidres, una dinámica que considero que es dañina y va a acabar con el campo. En el Catatumbo se conjugan esos temas, además, porque el modelo de desarrollo que planteó el Gobierno encuentra una oposición muy fuerte en zonas como esta, en donde, además, he tenido el respaldo político. Por lo que significa responsabilizar a un congresista de semejantes hechos, creo que la Fiscalía sí está actuando de una manera no adecuada.

¿A qué se refiere?

A que con el desarrollo de este proceso se está poniendo en duda la trasparencia de la justicia y se está manejando de una manera política. Parece que existiera una intención oscura de querer involucrarme y relacionarme con la ilegalidad para destruirme. No conocemos las pruebas y ya las filtraron, como si buscaran un juicio mediático. De todas maneras, voy a demostrar mi inocencia en la Corte Suprema.

Usted habla de que existen ejemplos de los casos en los que el fiscal se debería declarar impedido. ¿Podría mencionar uno?

Antes de ser fiscal asesoró, por ejemplo, a Pacific Rubiales y ellos desarrollaron un modelo de compra de tierras en el Catatumbo a través de fiducias para no aparecer como los dueños de las tierras, sino que las van concentrando a través de terceros. Esta es una de las empresas, pero hay más.

¿Usted es víctima del conflicto en el Catatumbo?

Sí. Soy desplazado. Pero también soy víctima porque no he tenido las condiciones sociales dignas. No soy profesional. Fui a la universidad a hacer un técnico con un crédito del Icetex y, como soy el mayor de la familia, me dediqué a sostener a mis hermanos. Pero también he visto a gente cercana morir. Al alcalde de Concepción, Carlos Emilio Picón, lo asesinó el Eln. Para mí, ese episodio fue muy duro, porque era muy cercano a él. Después, cuando fui secretario de Gobierno y me tocó asumir el cargo de alcalde un tiempo, me tocó salir desplazado porque los paramilitares me declararon objetivo militar, y estoy en el registro oficial de víctimas del país.

Después de conocer la compulsa de copias, ¿cómo está su seguridad?

Lo que pasa es que ahora en Colombia, ser un líder social es casi un delito. Uno está en riesgo constante. Siendo congresista tengo derecho a un personal de protección, pero creo que el anuncio de esta investigación, y la manera como se ha tratado con los medios, hace que aumenten los riesgos. Nunca antes había tenido mayor preocupación por mi vida como hoy. Mi caso ya lo tiene en estudio el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ya hablaron de la necesidad de garantías para los líderes sociales e hicieron énfasis en mi caso. Tengo la tranquilidad de que el proceso en la Corte se va a desarrollar con apego a la ley y ahí voy a demostrar mi inocencia. Pero mientras lo logro, creo que me pueden matar en cualquier momento.

Entrevista tomada del espectador.