El ministro de Justicia de Colombia piensa como desmovilizar a los miles de grupos paramilitares del país
El ministro de Justicia de Colombia parece tener pensamientos contradictorios sobre cómo desmovilizar a los miles de miembros de los grupos paramilitares que, según su gobierno, no existen.
El ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo el lunes en una entrevista con El Tiempo que su gobierno retiraría el proyecto de ley para regular la desmovilización colectiva de los grupos armados ilegales.
Pero casi inmediatamente después de la publicación de la entrevista, Gil convocó a una conferencia de prensa en la que se retractó de la afirmación que hizo después de decir que las Fuerzas de Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC) estaban “desesperadas”.
La AGC es el grupo más grande formado por comandantes de nivel medio de la organización paramilitar AUC y ha estado esperando desde septiembre del año pasado una legislación que permita la desmovilización colectiva de los aproximadamente 7.000 miembros del grupo.
El grupo, liderado por el señor de la guerra “Otoniel”, ofreció desmovilizarse en respuesta a la desmovilización del grupo guerrillero de las FARC y las conversaciones de paz en curso con los rebeldes del ELN.
El sistema de justicia colombiano, sin embargo, no ha podido facilitar la desmovilización de grandes grupos armados ilegales.
Cuando el grupo paramilitar ERPAC se desmovilizó en 2011, la fiscalía colombiana no pudo encargarse de la presentación masiva ante la justicia y los combatientes desmovilizadores fueron enviados a casa.
Las fallas estatales en los procesos de desmovilización de los grupos armados ilegales han perpetuado su existencia durante décadas.
La desmovilización parcial de las AUC entre 2003 y 2006 creó el caos después de que aproximadamente el 20% de los combatientes se rearmaron para formar la generación actual de grupos paramilitares.
Los grupos han sido acusados de estar detrás de gran parte de la violencia y las amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales.
Muchos de los grupos están profundamente involucrados en el comercio internacional de drogas. Estados Unidos acusó a la AGC de ser responsable de la exportación de la mayor parte de la cocaína de Colombia.
Grupos como el AGC también están estrechamente vinculados a la extracción ilegal de oro, una industria exportadora poco regulada con enormes márgenes de ganancia.
Los sucesores de las AUC, como su predecesor, tienen vínculos con políticos corruptos y funcionarios estatales, lo que complica los intentos del estado por desmantelarlos.
