El gobierno colombiano no se apoderó de los activos mineros paramilitares de las AUC
El gobierno colombiano no dio cuenta de un exceso de 137 millones de dólares de la ya desaparecida organización paramilitar de la AUC a través de la minería, que debería haber sido utilizada para la reparación de las víctimas, informó el lunes el diario El Tiempo.
La cifra se relaciona con las extensas operaciones mineras llevadas a cabo por el bloque Central Bolívar del grupo de derecha ilegal entre 2003 y 2006, cuyos detalles fueron al pleno conocimiento de la Fiscalía General y no fueron declarados para el fondo de reparación de víctimas como parte del proceso de desmovilización.
En un fallo reciente, el Tribunal Superior de Justicia y Paz ordenó que se impusieran “medidas cautelares” a las minas de La Gloria en San Martín de Loba, en el sur de la provincia de Bolívar, así como a las minas de Cáceres, Antioquia, para ” cerrar el déficit de indemnización de las víctimas “.
El fallo golpeó a la Fiscalía General por no haber avanzado un proceso para poner la propiedad en manos del Estado durante casi una década.
“Es inexplicable que el Fiscal General, teniendo conocimiento de la mina, con los dividendos que genera, no avanzó los pasos”, lee el fallo confirmando que no fue hasta 2014 que se buscó una intervención contra la mina.
La mina de La Gloria había estado en manos del grupo guerrillero del ELN de inspiración marxista pero fue tomada por las AUC en el 2002, ya que 200 familias fueron desplazadas de la zona.
En 2004, la empresa Grifos S.A fue fundada con recursos de la organización paramilitar, siendo su mayor accionista Roda Edelmira Luna, esposa de uno de los líderes del bloque Central Bolívar Carlos Mario Jiménez, a.k.a. “Macaco”.
Si bien la participación del grupo paramilitar en las operaciones mineras en La Gloria fue probada ante el Tribunal de Bogotá, “estas minas no fueron presentadas al proceso especial de justicia y paz, y como resultado, sus retornos no están siendo integrados en la reparación integral de víctimas “, lee el fallo.
La desmovilización de las AUC fue iniciada por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, pero en gran medida no logró traer justicia e indemnización a las víctimas afectadas por las acciones del grupo de derecha.
Como parte del proceso, se ratificó la ley de Justicia y Paz para proporcionar beneficios procesales y judiciales, incluyendo una pena de prisión máxima de ocho años y exención de extradición a los Estados Unidos a los miembros de las AUC a cambio de su desmovilización y cooperación.
Sin embargo, en supuestas violaciones a la ley de Justicia y Paz, varios líderes de las AUC fueron extraditados a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero luego de su desmovilización.
Las víctimas estaban disgustadas porque las extradiciones impidieron que los líderes del AUC respondieran ante la justicia colombiana por las decenas de miles de violaciones de los derechos humanos en lugar del narcotráfico.
A pesar de la introducción de una “Ley de Víctimas” en 2012 que daría derecho a las víctimas del conflicto armado colombiano a una compensación por su sufrimiento, en el caso de las AUC esto aún no se ha realizado plenamente.
Según el último informe del Fondo de Reparación de las Víctimas, en septiembre de 2016, los paramilitares sólo han entregado algo más de 103 millones de dólares en bienes para su reparación.
