Bogotá, 3 de abril de 2026
En cumplimiento de la estrategia para la protección de la economía legal y el fortalecimiento del comercio formal, la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Dian, dieron un golpe contundente a las redes de comercio ilícito en el sur del país.
Bajo el plan ‘Semana Santa Segura’, las autoridades intensificaron los controles en pasos fronterizos estratégicos, logrando interceptar un cargamento masivo que pretendía ingresar de manera irregular al territorio nacional.
Los operativos, desplegados en el municipio de Ipiales, Nariño, permitieron la aprehensión de más de 33 toneladas de camarón que provenían del extranjero.
La mercancía, que no contaba con la documentación legal necesaria para su comercialización en Colombia, fue detectada mediante actividades de verificación e inspección a vehículos de carga que transitaban por la zona.
Con este resultado, se evita que productos de dudosa procedencia afecten la estabilidad del mercado interno en una de las épocas de mayor consumo de pescado en el año.
De acuerdo con el reporte oficial, el valor comercial de la mercancía incautada supera los 965 millones de pesos, lo que representa un impacto financiero significativo para las estructuras dedicadas al contrabando en la frontera con Ecuador.
El camarón era transportado en varios camiones que evadían los controles aduaneros y se pretendía distribuir en las principales centrales de abasto del país, aprovechando la alta demanda de la Semana Santa.
El cargamento se movilizaba sin el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Al carecer de certificados de origen y controles de cadena de frío adecuados, estos productos representaban un riesgo potencial para la salud pública de los consumidores colombianos.
La falta de estas garantías sanitarias es una característica común en el contrabando de perecederos, lo que justifica la rigurosidad de las inspecciones en los corredores viales del departamento de Nariño.
Desde la Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera se enfatizó que con este operativo no solo se cumple la ley aduanera, sino que se protege directamente al sector pesquero colombiano.
Al retirar del mercado estas 33 toneladas de producto ilegal se asegura que los pescadores y comerciantes formales puedan competir en condiciones de equidad, salvaguardando miles de empleos que dependen de la economía legal.
El Gobierno nacional reitera que el fortalecimiento del comercio formal es una prioridad para la reactivación económica y la justicia social en las regiones fronterizas.
Finalmente, las autoridades informaron que los controles se mantendrán de manera estricta durante lo que resta del periodo festivo e invitan a la ciudadanía a adquirir productos alimenticios únicamente en establecimientos reconocidos y a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la economía o la salud pública.