Una hoja de ruta para fortalecer las capacidades locales, articulando a las comunidades, las instituciones locales y seccionales en el desarrollo de proyectos productivos puso en marcha el Gobierno nacional con el fin de contrarrestar la acción ilegal en el territorio.
El plan se empezó a ejecutar en el municipio de Cáceres (Antioquia), donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (UNDOC), junto con la alcaldía municipal, trabajan en equipo para la transformación del territorio.
En Cáceres fueron priorizados nueve proyectos en ocho veredas, de los cuales cinco ya fueron entregados: los cerramientos de las instituciones educativas de La Floresta y Campamento y el pavimento rígido en las veredas Calvario, La Colonia y Muribá.
Hasta el momento se han formalizado 8.383 hectáreas de tierra y se han expedido 855 títulos de propiedad y se trabaja en nueve proyectos, que están ya en ejecución, de apicultura, piscicultura y cacao, la restauración ambiental y la dotación de infraestructura, como la construcción del puente Puerto Bélgica–San Lorenzo, mediante la estrategia de Obras por Impuestos.
El proyecto, denominado Plan Operativo Interagencial (POI), tiene también un objetivo esencial: contrarrestar las economías ilícitas. Es así como con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, por medio de su programa ‘Nuestra Tierra Próspera’, ha expedido 855 títulos de propiedad, de los cuales, 251 terrenos eran utilizados para cultivos de uso ilícito.
Estas áreas albergan ahora proyectos productivos de cacao y apicultura, principalmente, logros que han sido alcanzados, de acuerdo con el POI que presentó el Gobierno nacional en el municipio de Cáceres.
Las misiones territoriales han formado 114 líderes y lideresas en temas empresariales, formulación de proyectos, legislación sobre formalización de la tenencia de la tierra y gestión para el desarrollo comunitario y ambiental. Y han apoyado a 28 juntas de acción comunal y 10 organizaciones productivas.
A la fecha, se gestionan acciones para avanzar en ejecución de obras de infraestructura priorizadas, como la adecuación de una bodega para trillado de arroz en la vereda Vijagual y la construcción de casetas comunitarias en las veredas Anará y Los Lloros.
En el marco de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, el Gobierno trabaja en infraestructura básica: vías, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios que permitirán a las comunidades rurales acceder a servicios, ejercer derechos, movilizar productos agrícolas y participar en alternativas legales de desarrollo.
Las misiones territoriales son un instrumento clave de la Política de Drogas, que busca transformar integralmente los territorios más afectados por el narcotráfico abordando las causas profundas del problema y mediante la promoción del desarrollo sostenible, el impulso de economías lícitas y el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado.