Civiles y funcionarios estatales pueden evitar el sistema de justicia transicional de Colombia

 

El Tribunal Constitucional de Colombia declaró el martes que políticos, civiles y otros actores externos participarán “voluntariamente” en un sistema de justicia transicional por crímenes de guerra cometidos durante medio siglo de conflicto armado.

 

El fallo del tribunal declaró que los tribunales especiales de justicia esbozados en el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC marxistas son constitucionales, pero con algunos ajustes, uno de los cuales podría permitir que la participación de terceros en crímenes graves quede impune.

 

Los no combatientes en el conflicto armado de Colombia, como empresas, sindicatos, funcionarios estatales y civiles, originalmente iban a ser convocados ante el tribunal de transición si se sospechaba que cometieron o ayudaron con delitos relacionados con el conflicto.

 

En 2015, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que dejar estos casos abiertos implicaría un “alto costo para la justicia, la impunidad y el país”.

 

Entre los supuestos participantes civiles en el conflicto se encuentran más de un centenar de congresistas y gobernadores que se sospecha que se han beneficiado del dinero de los paramilitares o de la intimidación del electorado.

 

El ex presidente  Alvaro Uribe , el ex vicepresidente  Germán Vargas  y el primo de Santos, el ex vicepresidente Francisco Santos, se han enfrentado a tales acusaciones.

 

Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional del martes elimina la posibilidad de que los acusados ​​sean obligados a comparecer frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

 

Esto puede hacer que los ex presidentes, fiscales generales, procuradores generales, jueces, ministros, gobernadores y congresistas probablemente dejen de responder al sistema de justicia por diversos niveles de participación en el conflicto de medio siglo.

 

Una luz verde para que las FARC entren a la política

 

El Congreso de Colombia todavía está debatiendo una ley estatutaria que establecerá los tribunales de justicia transitoria del JEP. La ley que están debatiendo ha sido atrapada en graves retrasos en los últimos meses, en gran parte debido a cuestiones que ahora se resuelven mediante el fallo del Tribunal Constitucional.

 

En particular, la cuestión de si se debería permitir a los representantes de las FARC participar en las políticas electorales a la vez que responden por posibles crímenes de guerra ha sido un tema divisivo.

 

La controversia se intensificó por la decisión de las FARC de lanzar a su líder “Timochenko” como candidato a la presidencia para las elecciones de Colombia en 2018.

 

El alto tribunal ha determinado que hasta que el JEP imponga sanciones contra ex guerrilleros, se suspenderán las sentencias y cargos impuestos por el sistema de justicia penal contra los participantes en el conflicto, despejando el camino para que los miembros de las FARC participen en política.

 

“[Para] aquellos que ya tienen una condena en la justicia ordinaria, las sentencias se suspenden. Esa suspensión de las sentencias suspende las inhabilidades y, por lo tanto, pueden participar en política “, destacó Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional.

 

El fallo del Tribunal Constitucional siguió esto al declarar que, si bien los representantes de las FARC son libres de participar en la política, corresponde a los propios jueces del JEP decidir si y cuándo se debe evitar caso por caso.

 

La Corte aclaró que quienes no cumplan con el mecanismo de justicia “no hay justificación para que tengan beneficios políticos”.

 

El fallo también señaló que en todos los casos, la satisfacción de las normas internacionales debe cumplirse con el deber del Estado de perseguir y castigar los delitos que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

 

El JEP fue uno de los principios principales del acuerdo firmado en noviembre pasado entre el gobierno y las FARC, ya que el sistema de justicia transicional tratará de llevar justicia y rendición de cuentas por los miles de crímenes de guerra cometidos en más de 50 años de conflicto armado.

 

El presidente Santos instó al Congreso de Colombia en una declaración  el miércoles para aprobar su ley de JEP, que ha sido reconocida por muchos como la columna vertebral de un proceso de paz que actualmente enfrenta una serie de problemas de implementación.

 

El Congreso de Colombia solo tiene que esperar hasta fines de noviembre para aprobar la ley de JEP a través de una ruta legislativa especial “Fast Track”.

 

Si el Congreso no aprueba la ley antes del final de la ventana especial “Fast Track”, la ley deberá aprobarse a través de un proceso legislativo regular, lo que significa que podría pasar al menos dos años antes de que vea la luz.