Cinco heridos y 40 buses con las llantas pinchadas, deja el balance del primer día del paro
Este martes, a la media noche, se completan 24 horas de haber iniciado el paro nacional de transportadores. La manifestación, que tiene a la denominada Unión de Conductores de Colombia como promotora, protesta por la suspensión de más de 45.000 licencias a trabajadores de su gremio por reincidencia, es decir, personas que han cometido más de una infracción en un periodo de tiempo de seis meses.
El Código Nacional de Tránsito establece que a los reincidentes se les suspenda la licencia de conducción por medio año, aspecto que disgusta a estos transportadores, pues aseguran que tal normativa tiene a una significativa cantidad conductores sin la posibilidad de trabajar.
El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Carlos Bocarejo, fue enfático al decir que no cambiarán su posición ante las pretensiones de los transportadores. “La norma es clara”, señala.
Parte de su argumento, para continuar aplicando la suspención de licencia a reincidentes, es que en Bogotá las siniestralidades están relacionadas con la reincidencia en conductores. Para ilustrar lo anterior habría que ver las cifras que maneja la Secretaría de Movilidad, las cuales detallan que en el primer semestre del año se registraron 3.044 taxis involucrados en siniestros, de estos, 2.411 (el 79%) ya tenían comparendos.
Bocarejo también brindó un balance de las manifestaciones adelantadas este lunes. Su reporte da cuenta de 55 buses de diferentes tipos con los vidrios rotos, 40 buses de Transmilenio con las llanta pinchadas, una estimación de 400 manifestantes, cinco heridos y dos capturados.
Los sitios que resultaron más críticos fueron Yomasa, La Calera y Las Américas. Algunas empresas autorizaron la salida temprano de sus empleados producto de las manifestaciones, de igual forma, algunas universidades y colegios suspendieron sus clases producto de la afectación en la movilidad.
La Superintendencia de Puertos y Transporte, por su parte, anunció el inicio de investigaciones que permitan identificar a personas y empresas que, producto del paro, afectaron el transporte intermunicipal en diversos municipios del país. Los responsables podrían recibir multas por $579 millones.
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