varias organizaciones indican que “Empresarios del noroeste de Colombia planean matar líderes sociales para evitar la restitución de tierras”

Empresarios en el noroeste de Colombia están conspirando con escuadrones de la muerte para asesinar a líderes sociales para evitar la restitución de la tierra que fue robada durante el conflicto armado, según varias organizaciones.

IPC, Forjando Futuros y la Asociación de Demandantes por Tierra y Paz (ARTP), tres reconocidas ONG, dijeron en una conferencia de prensa el miércoles que tres empresarios de la región de Urabá planearían asesinar a sus directores en un intento de evitar la restitución de los robos tierra.

“De acuerdo con la información que hemos recibido, reconocidos empresarios como Angel Adriano Palacios Pino, José Arley Muñoz, Luis Fabio Moreno Ruiz y Jaime Antonio Uribe Castrillón han estado celebrando reuniones … con el propósito de planear ataques que buscan detener el proceso legal por la tierra restitución que se toman contra ellos como ladrones de tierras. “Voceros de las ONG.

Un asociado de uno de los empresarios acusados ​​de Urabá fue arrestado a principios de este año por presuntamente asesinar al agricultor cuyas tierras había robado con la ayuda de grupos paramilitares.

Más de 800 empresarios y corporaciones se asociaron con los escuadrones de la muerte en la década de 1990 y principios de este siglo para expandir sus propiedades terrestres al desplazar a los pequeños agricultores.

En total, el 15% del territorio nacional de Colombia fue abandonado entre 1995 y 2010, según el gobierno. Muchas de estas tierras terminaron en manos de grandes terratenientes, empresas y políticos.

Los detalles sobre lo que podría ser el mayor atraco a la tierra desde la colonización española son difíciles de conseguir ya que las autoridades estatales han descuidado investigar a muchos de los supuestos ladrones de tierras y partidarios del terrorismo.

Las ONG que acusaron a los empresarios de planear el asesinato de líderes han participado en el monitoreo del programa de restitución de tierras que se introdujo en 2011 y busca el regreso seguro de millones de campesinos desplazados.

El IPC es un grupo de expertos de décadas de Medellín que ha estado monitoreando el conflicto armado. Forjando Futuros es una ONG que monitorea las demandas presentadas contra presuntos ladrones de tierras. El ARTP es una ONG que busca defender los derechos de los agricultores cuyas tierras fueron robadas por paramilitares, guerrilleros y sus asociados.

Los empresarios acusados ​​están involucrados en las industrias del aceite de palma, la ganadería y el banano que han estado vinculadas a la violencia paramilitar en múltiples ocasiones en un fenómeno que se ha denominado ” paraeconomía “.

Muchos de los desplazados de Colombia no pueden regresar a sus hogares porque los nuevos dueños de sus antiguas propiedades se oponen a la restitución, y algunos llegan incluso a crear los llamados “ejércitos anti-restitución”.

El fiscal jefe, Néstor Humberto Martínez, dijo en mayo que su oficina pronto comenzaría a enjuiciar a supuestos “terceros asociados” del grupo paramilitar AUC que se desmovilizaron entre 2003 y 2006.

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