Bogotá

Sí habrá zonas donde se podrá consumir drogas y alcohol en Bogotá

Luego de que una sentencia de la Corte Constitucional tumbó los artículos del Código de Policía, que sancionaban el consumo de sustancias alcohólicas o psicoactivas en el espacio público, la Alcaldía de Bogotá se propuso elaborar un plan para volver a restringir estos comportamientos. Aunque en principio se especuló sobre una regulación parcial, teniendo en cuenta horarios y espacios, en el proyecto de decreto que publicó ayer aclaró la restricción: será las 24 horas y abarcará el 97,5 % del área urbana de Bogotá.

Para la elaborar el decreto, que en esencia busca que los parques, entornos escolares y otros espacios públicos estén vetados para los consumidores de estas sustancias, se unieron cuatro estudios realizados por las secretarías de Seguridad, Educación, Integración Social y Educación, así como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Según Jairo García, secretario de Seguridad, “al hacer ese ejercicio se cubre casi toda la ciudad. El mensaje es que, para garantizar la protección de los niños y adolescentes, se tienen que tomar este tipo de medidas”.

Además de estos lugares, el borrador —que estará publicado por cinco días para observaciones de la ciudadanía— también decreta la prohibición de consumo de licor y sustancias ilícitas en plazoletas, estadios, coliseos y zonas comunes de edificios (excepto salones comunales). En esta lista entran lugares como el Chorro de Quevedo, la calle 85 con carrera 15, el Parque de los Periodistas, la Plaza de Bolívar, Maloka, el mirador de la Torre Colpatria y las plazoletas fundacionales de las localidades. Quebrantar la norma implicaría una multa de $220.838.

Pese a que la restricción parece total, desde la Secretaría de Seguridad indican que, si se revisa de forma estricta el mapa de la prohibición, hay un 2,5 % de zonas en las que se podría consumir estas sustancias. No obstante, están en zonas periféricas y casi inaccesibles, como zonas boscosas de la reserva Van der Hammen, el relleno Doña Juana, Sumapaz y una franja confusa entre Puente Aranda y Los Mártires.

Los reparos

Aunque apenas es un borrador, el decreto ya recibió críticas. Por un lado, los detractores piden tener en cuenta que el consumo de estas sustancias es una decisión personal, en sintonía con los argumentos de la Corte Constitucional. Por otra parte, creen que el prohibicionismo es un camino al que no se puede retomar y que estos planes deberían tener un componente de mitigación del consumo.

A Fenalco Bogotá le preocupa que el alcohol quede incluido en este decreto, en tanto se estaría violando el derecho a la libertad económica. El director de la entidad, Juan Esteban Orrego, aseguró que “al hablar de sustancias ilegales no podemos referirnos a bebidas alcohólicas, que son legales y hacen parte de nuestra economía. El borrador da por entendido intervenir al sector comercial y eso es inconveniente, pues afectaría establecimientos comerciales que venden licores, pues son espacios privados que trascienden a lo público”.

Expertos en seguridad coinciden en que la regulación es necesaria, pero como está planteada se queda corta para los objetivos que persigue. Johan Avendaño opina que “el fondo es legítimo, pero el camino de restricción es equivocado, porque no comprende el contexto y genera confusión sobre el límite del libre desarrollo de la personalidad. Es mejor generar procesos pedagógicos amplios para que la ciudadanía vea esto como una necesidad y no una imposición”.

Por su parte, Andrés Nieto considera que “se centraron en el consumidor, pero no lo atienden, y tampoco ataca las ‘ollas’. Además, hay un déficit de policías y no sé si será posible llevar a cabo el plan. Se debe argumentar mejor el porqué de las medidas y no hacerlas contra el consumo sino a favor de la convivencia”.

El proyecto para retomar la prohibición del consumo de licor y drogas en espacios públicos genera reacciones enfrentadas. Por eso mismo es importante que el Distrito encuentre la manera de consensuar su alcance, pues en caso contrario lo más seguro es que el decreto se vea expuesto a demandas, como las que llevaron a la Corte Constitucional a tumbar los artículos del Código de Policía.

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