Quedo hundida la reforma para que la JEP no juzgara a futuro delitos sexuales contra menores

Los congresistas no llegaron a un acuerdo y por ello prácticamente se hundió la reforma que buscaba que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no pudiera a futuro juzgar los delitos sexuales contra menores en la guerra, en el marco de próximos procesos de paz.

El proyecto de acto legislativo fue presentado por el Gobierno y, naturalmente, tuvo el acompañamiento del uribismo. Sin embargo, durante su sexto debate en la plenaria del Senado se repitió una escena común en el Capitolio: por falta de un voto se impidió la aprobación del informe de la iniciativa.

Con ello, se aplazó su votación para pasar al siguiente debate y según los mismos congresistas, la reforma está casi muerta. Aún le falta ser votada en sexto debate (es decir, terminar su trámite en esa sesión), y de ahí pasar a dos más en plenaria de Cámara de Representantes. Pero el tiempo es poco. Esta legislatura acaba el 16 de diciembre y si la próxima semana es votada pasaría con los días contados a la cámara baja.

“Lamentable. Ayer hicimos lo posible por salvarlo pero los tiempos ya no lo permiten. Insistiremos”, escribió en su cuenta de Twitter la senadora Martínez.

Sin embargo, el ambiente en torno al tema aún está caliente y, por ser un asunto tan polémico y de envergadura nacional, su inminente hundimiento causó acusaciones entre bandos políticos. El Centro Democrático señaló a partidos de oposición como a la Alianza Verde y el Polo, y directamente a la FARC. Esas tres colectividades salieron del recinto antes de aprobar el informe porque, alegaron, es un proyecto que va en contra de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.

También se retiró de la sala el Partido Liberal, una organización con postura propaz y que ha indicado que los congresistas que lideraron la iniciativa fueron inexactos en cuanto a cuándo se empezaría a regir la reforma, en caso de que fuera aprobada.

Así lo explicó el senador rojo Guillermo García Realpe, quien en entrevista con W Radio, expresó sus dudas de si la medida sería retroactiva (es decir, aplicaría al pasado) y en ese sentido, si afectaría o no los textos de La Habana.

“Estábamos planteando de que con un parágrafo -que se le incuyera- hubiera absoluta claridad de que esa disposición constitucional rige hacia adelante. Pero eso se nos negó”, aseveró García Realpe. Según el congresista, la contraparte manifestó que esa petición ya estaba resuelta en un artículo que dejaba claro que la medida no podía ser retroactiva.

Sobre ello habló la senadora Paloma Valencia, defensora de la ponencia en favor de quitarle potestad a la JEP en esos casos: “El artículo 29 dice que las normas no son retroactivas. Pero si eso no fuera suficiente, hay una sentencia de la Corte Constitucional que estableció que los delitos que cometieron las Farc en contra de los niños, serían conocidos por la JEP”, dijo durante la plenaria sobre el blindaje a quienes cometieron los delitos en el pasado.

Pese a los cuestionamientos entre congresistas, el rechazo al proyecto habla de un mensaje político del Capitolio hacia el país. Claramente las posiciones están divididas, pero más allá de eso, la discusión tiene que ver, también, con las reglas de juego para combatientes que accedan a firmar futuros acuerdos de paz. Incluso, podría afectar la visión de los hoy exguerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.

“El mensaje sería erróneo para los desmovilizados, que pueden entender que se les están cambiando las reglas del juego y que ellos ya suscribieron acuerdos de paz”, reiteró García Realpe.

Por otro lado, la insistencia con el proyecto sigue siendo una punzada a las facultades de la JEP. Pues, en el marco de la justicia transicional, se entiende que incluso los delitos sexuales contra menores de edad cometidos en la guerra, deben pasar por el organismo encargado de la jurisdicción encargada, en este caso, la JEP.

Por ello, la entidad ha respondido que, efectivamente, sí investiga y sanciona los delitos sexuales cometidos en la guerra. Es un trabajo que está dentro de su potestad. “Ni el reclutamiento ni la violencia sexual son crímenes amnistiables o indultables. Los exjefes de las Farc ya fueron vinculados al caso 07” afirmó el organismo.

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