Procuraduría entro al búnker de la Fiscalía por denuncia en contra del fiscal Daniel Hernández

Una veintena de funcionarios, adscritos todos a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, llegaron al búnker de la Fiscalía este martes 19 de noviembre, a las 9 de la mañana, con una misión: revisar todo el trabajo que han realizado los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt. El primero fue un servidor clave para los fiscales Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez, sobre todo en el proceso de Odebrecht. El segundo ha sido fiscal de apoyo de Hernández en varios casos.

La diligencia que tiene lugar esta mañana en la sede principal de Bogotá del ente investigativo no tiene precedentes. Nunca antes se había visto que un grupo de policía judicial del Ministerio Público llegara a la Fiscalía para realizar una diligencia de esta naturaleza. El punto de partida es la indagación que tiene en sus manos el magistrado Alejandro Meza Cardales, integrante de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a raíz de una denuncia contra los fiscales Hernández y Betancur porque, dice esta denuncia, habrían tenido que ver con interceptaciones ilegales.

Tras analizar el contenido del reporte, el magistrado Meza resolvió pedir ayuda en la Procuraduría. Así fue como terminaron esta mañana en el búnker de la Fiscalía tres equipos del Ministerio Público, los cuales entraron todos por el parqueadero de la sede: uno designado al Edificio C, donde se encuentra el departamento de sistemas; otro asignado al edificio T, en donde están las oficinas de los fiscales Hernández y Betancur; y uno último que fue enviado al edificio F, donde está la plataforma Esperanza: el espacio desde donde la Fiscalía realiza interceptaciones.

“La orden del magistrado es revisar todo el trabajo de los fiscales de los últimos cinco años. Ese es el límite de tiempo por lo que se trata de un proceso disciplinario”, le indicaron fuentes que conocieron del operativo a El Espectador. Los fiscales objetos de la pesquisa no son de poca monta, sobre todo Daniel Hernández, quien ha sido hombre de confianza de las dos últimas administraciones. En el periodo de Montealegre sacó adelante el preacuerdo con el hacker Andrés Sepúlveda, considerado un “caso de honor” para ese fiscal general.

En el periodo de Néstor Humberto Martínez, la importancia de Daniel Hernández creció. Por expresa orden suya, Hernández indagó sobre unas amenazas en su contra que llegaron poco después de haberse posesionado como fiscal general; sobre el video que divulgó Paloma Valencia en el Congreso el año pasado –en un debate contra el fiscal Martínez sobre Odebrecht– en el que se ve a Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes; el caso Hyundai; y la asignación más importante: varios expedientes de Odebrecht. Para empezar, el de Otto Bula, testigo clave del proceso.

Sus actuaciones en ese tema en particular desembocaron en una denuncia por parte de Leonardo Espinosa, el hombre que fue elegido por la Corte Suprema el año pasado para liderar las investigaciones que Néstor Humberto no podía encabezar por conflicto de intereses. En marzo de este año, Espinosa le pidió al entonces coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Fabio Espitia (hoy fiscal general encargado), investigar a Hernández y a Betancur por supuestas omisiones o actos irregulares en relación también con el caso de Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar, Gustavo Torres y Federico Gaviria.

Daniel Hernández, por su parte, rechaza haber obrado por fuera de la ley. Cuando se supo de la petición que Leonardo Espinosa hizo al fiscal Espitia, Hernández le dijo a este diario que su recorrido laboral hablaba por él, pues para el momento en que llegó Montealegre a la Fiscalía ya había participado en 227 juicios. “Creo que era el fiscal con más experiencia de ese tipo en todo el país”, dijo. “Lo que tengo es un compromiso moral muy fuerte, a mi papá lo mataron en (la masacre de) La Rochela y, si fuera corrupto, estaría deshonrando su memoria y decepcionando a mi hijo”.

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