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Procuraduría empezó investigación contra la gobernadora del Valle por presunta nómina paralela

La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por presuntas irregularidades relacionadas “con una excesiva contratación de prestación de servicios profesionales” dentro de la gobernación del departamento.

La entidad al mando de Fernando Carrillo investiga versiones, según la cuales se estaría presentado una nómina paralela para beneficiar a personas cercanas al movimiento político de la mandataria, cuyo vínculo laboral se habría dado con la gobernación luego de que el departamento pusiera en marcha una reorganización administrativa que le permitió desvincular a un sin número de funcionarios.

El Ministerio Público busca establecer la existencia de más de 1.100 contratos de prestación de servicios por parte de la gobernación, que, de acuerdo con información aportada al expediente de la Procuraduría cuenta con una planta de 1.019 empleados.

“Así mismo, se busca establecer el número real de contratistas, teniendo en cuenta que la información reportada al proceso no incluyó a quienes laboran con el despacho de la gobernadora, las secretarías del Sector Social, Competitividad y Desarrollo Sustentable, Seguridad y Convivencia Territorial y las dependencias de apoyo transversal” señaló la Procuraduría.

La investigación también busca establecer la existencia de contratos que superan el monto permitido para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios, a quienes se les habría delegado la firma de los contratos de prestación de servicios.

Ante las pruebas que hay en el expediente, la Procuraduría rechazó la solicitud de archivo del proceso por parte de la mandataria y ordenó establecer si la conducta constituye una falta disciplinaria, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría dado, el perjuicio causado a la administración pública y la presunta responsabilidad disciplinaria de la gobernadora.

En 15 días, la Gobernación deberá entregar a la Procuraduría una relación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales, que permitan establecer tiempos, montos, funciones y periodicidad del contrato de cada persona que está vinculada a la administración de Toro. Por último, el ministerio señaló que la gobernadora podrá ser escuchada en versión libre si ella lo solicita.

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