Presidente Iván Duque sancionó ley estatutaria de la JEP
Luego de un tortuoso camino y un desgaste para la gobernabilidad del presidente Iván Duque en el Congreso, debido a las seis objeciones que le hizo a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), esta normativa, considerada por muchos como la columna vertebral del Acuerdo de Paz, y que regula administrativamente al tribunal transicional, entró en vigencia tras la firma del primer mandatario.
La sanción presidencial se da tras el estudio que hizo la Corte Constitucional sobre el debate de las objeciones en el Congreso. En síntesis, el alto tribunal determinó que, en efecto y como lo defendió la bancada “propaz”, los reparos a la JEP quedaron hundidos en el Legislativo, dándole la razón a los senadores de la oposición sobre las mayorías que alcanzaron, 47 votos contra 34, para negar dichas objeciones. En la Cámara quedaron archivados con un aplastante 110 contra 44.
El pasado 10 de marzo, como muchos prevían de acuerdo al discurso de Duque en campaña presidencial, se presentaron las seis objeciones a la ley estatutaria, de una total de 159 artículos, bajo el argumento de la conveniencia. A partir de ahí, se abrió un camino que congeló la agenda legislativa, la cual estuvo enfocada en este tema que profundizó en las divisiones entre los del “Sí” y el “No” del plebliscito de octubre de 2016.
Una semana tras conocerse esta determinación del jefe de Estado, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, elevó una consulta a la Corte Constitucional para saber si era procedente discutir dichas objeciones, pues en agosto de 2018 ese tribunal declaró exequible la ley estatutaria, tras ser aprobado a fines de 2017 por el Congreso.
Respondiendo a la petición de Chacón, el 20 de marzo, la Corte se pronunció señalando que la ley estatutaria regresaría a segundo debate en el Legislativo. Eso sí, advirtió que con las discusiones a la JEP se reactivaba el proceso de fast track y por ende el resultado de los debates, surtidos o no, deberían de retornarse automáticamente a su providencia el día que finalizara la legislatura, es decir, el próximo 20 de junio. Esto con el propósito de revisar de nuevo el proyecto y tomar una determinación.
Además de los resultados en Cámara y Senado, estas objeciones también fueron objeto de polémica debido al intento de intercesión que ejerció el embajador de EE. UU. en Bogotá, Kevin Whitaker, sobre los congresistas encargados de estudiar los reparos y rendir ponencia. Algunos de ellos, calificaron este acto como una entromisión a la política interna del país.
