Podrían habilitar línea telefónica para atender situación de riesgo de candidatos
Ante la delicada situación de inseguridad, violencia y zozobra que aqueja a los candidatos a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre –y que ya ha cobrado la vida de seis de ellos– a partir de este miércoles el Gobierno Nacional habilitará una línea telefónica para que tanto partidos como aspirantes puedan denunciar cualquier situación de riesgo.
Según explicó el Ministerio del Interior, se trata de una línea de emergencia directa que estará a cargo del despacho de la jefe del ramo, Nancy Patricia Gutiérrez, por celular y vía WhatsApp. (315 245 9462)
“El objetivo es que el que se sienta vulnerado o amenazado pueda dar aviso a esta línea, que será manejada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) 24 horas al día, en comunicación permanente con la Policía Nacional”, manifestó la funcionaria.
En paralelo, Gutiérrez anunció que habrá convocatorias al Puesto de Mando Unificado del Ministerio, dos veces a la semana, los lunes y viernes. “Continuamos con la Comisión de Revisión de la Protección que ha sido solicitada por los partidos en cabeza del Ministerio del Interior, la UNP y la Policía Nacional”, agregó.
Adicionalmente, habrá una convocatoria de videoconferencia con los secretarios de gobierno departamentales para hacer un seguimiento semanal de la situación en las regiones.
Previamente, ante la ola de violencia que ha sacudido al proceso electoral con miras a los comicios regionales de octubre próximo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la gravedad de los hechos y elevó un llamado al Estado para que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad y avanzar en las investigaciones.
En su declaración, la Comisión recuerda que, desde el inicio de las campañas electorales en julio pasado, se han registrado “altos niveles de violencia en contra de candidatos”, que se han concretado en 24 actos como amenazas, secuestros y atentados.
Ante todo esto, el organismo instó al Estado colombiano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actores políticos en todos niveles de gobierno “sin distinción”, buscando con ello que el derecho a elegir y a ser elegido pueda ejercerse libre de violencia.
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