Personería de Bogotá inhabilitó a exalcaldes de las localidades San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe
La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años a los exalcaldes locales Luis Fernando Escobar Franco, de Kennedy, y Diana Mabel Montoya Reina, de Rafel Uribe Uribe, e inhabilitó por 12 años a Jairo León Vargas, de San Cristóbal, por irregularidades en la suscripción y ejecución de convenios de asociación.
Los convenios de asociación son una figura jurídica excepcional con la cual las entidades estatales pueden en forma mancomunada con un particular, sin ánimo de lucro, impulsar programas y actividades previstas en los planes de desarrollo que busquen promover derechos de las minorías como: el derecho a la educación, a la paz, o las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica.
Sin embargo, ese tipo de convenios no se pueden suscribir para adquirir y abastecerse de un bien, producto o servicio, en los cuales el contratista cumple órdenes expresas de la entidad estatal, como ocurrió en los casos de los tres exalcaldes locales.
San Cristóbal
Según la entidad, Jairo León Vargas, exalcalde de San Cristóbal, contrató de manera directa y ejecutó un convenio de asociación con la Fundación Camino Verde ONG social, cultural y ambiental (FUNDCAVE), con el propósito de aunar esfuerzos para realizar acciones de resignificación y apropiación de los territorios ambientales que permitieran a sus habitantes ejercer la “soberanía y gobernanza del agua”, por más de $318 millones.
Los convenios de asociación son una figura jurídica excepcional con la cual las entidades estatales pueden en forma mancomunada con un particular, sin ánimo de lucro, impulsar programas y actividades previstas en los planes de desarrollo que busquen promover derechos de las minorías como: el derecho a la educación, a la paz, o las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica.
Sin embargo, ese tipo de convenios no se pueden suscribir para adquirir y abastecerse de un bien, producto o servicio, en los cuales el contratista cumple órdenes expresas de la entidad estatal, como ocurrió en los casos de los tres exalcaldes locales.
San Cristóbal
Según la entidad, Jairo León Vargas, exalcalde de San Cristóbal, contrató de manera directa y ejecutó un convenio de asociación con la Fundación Camino Verde ONG social, cultural y ambiental (FUNDCAVE), con el propósito de aunar esfuerzos para realizar acciones de resignificación y apropiación de los territorios ambientales que permitieran a sus habitantes ejercer la “soberanía y gobernanza del agua”, por más de $318 millones.
El objeto del convenio de asociación: aunar esfuerzos para el fortalecimiento de procesos organizativos locales, de elección y participación de consejos y mesas. El valor del contrato ascendió a $116 millones, de estos la localidad aportó $104 millones y la corporación más de $11 millones. El plazo de ejecución fue de cinco meses.
De acuerdo con el organismo de control, con la firma de los convenios de asociación en mención, se vulneraron los principios de transparencia, publicidad, moralidad y selección objetiva de la contratación estatal.
Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la personera de Bogotá, en segunda instancia.
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