No les podrán cancelar la licencia a conductores de aplicaciones
La corte declaró que esta medida acoge a los de Uber, Cabify, Beat y demás aplicaciones.
La Corte Constitucional colombiana publicó este martes una norma con la que se cancelaba por 25 años la licencia de conductores o choferes reincidentes en la prestación de servicios ilegales de transporte público no se ajustaba a la Carta Política.
“La Corte encontró que la ley que reguló esos 25 años para volver a pedir la licencia cancelada estaba refiriéndose exclusivamente a quienes fueron sancionados por haber conducido bajo influencias de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas”, afirmó la presidenta de ese alto tribunal, Gloria Ortíz.
La magistrada señaló que como consecuencia, la norma que debe regular la cancelación de la licencia por “la prestación de servicios de transporte no autorizado” debe ser la vigente anteriormente, en la que se detalla que la sanción son tres años.
Recordemos que el 13 de diciembre de 2018, el Ministerio de Transporte anunció que con el objetivo de combatir la prestación ilegal del servicio de transporte público castigaría con 25 años a quienes incurrieran en esa práctica.
En esa fecha, la jefe de la cartera, Ángela María Orozco, afirmó que la decisión se tomó porque “existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial”.
Es por ello que la Corte tomó esa decisión después de estudiar una demanda instaurada por un ciudadano en contra de unas normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Ortiz agregó que el alto tribunal “no consideró problemático en términos constitucionales” la comisión de la falta, sino que esta no tenga una “sanción predeterminada” en la ley, lo que originó que se declarara que no se ajustaba a la Carta Política.
Por lo tanto, hizo un llamado al Congreso para que “regule y aclare los tiempos para efectos de la suspensiones, si así lo considera el legislador”.
Esto no con el fin de darle un espaldarazo a la ilegalidad, sino al contrario, ajustar sanciones que realmente se ajusten a la práctica y a reestructurarlas con base en la ley.
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