Ministra de Justicia afirmó que Inpec “tocó fondo” y plantea liquidar el instituto

 

Después de dos días de la fuga de la excongresista Aída Merlano, por primera vez se pronunció la ministra de Justicia, Margarita Cabello, cabeza de la cartera ministerial encargada de la seguridad de los presos en Colombia, por medio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En las declaraciones hechas ante los medios de comunicación, Cabello señaló que se presentó una cadena de irregularidades cuando la exparlamentaria del Partido Conservador asistió a una cita médica en el norte de Bogotá, situación que aprovechó para escaparse de los guardias del Inpec que la custodiaban.

“(No se cumplieron) por ejemplo, la definición del permiso para ir al centro odontológico, Merlano salió del penal con una sudadera debajo de su ropa y que no fue requisada, la asignación de solo dos custodios para su traslado, el no cumplimiento por parte de la guardiana de vigilar permanente a la persona que estaba privada de la libertad. Asimismo, el conductor del carro estaba en un parqueadero, en fin, se incumplieron muchos protocolos”, aseguró la ministra Cabello.

Asimismo afirmó que están revisando varias actuaciones dentro del Inpec porque, según la alta funcionaria del Gobierno, el instituto “tocó fondo y hay que enfrentarlo”. Añadió que se ha estudiado la posibilidad de liquidarlo, pero también se está teniendo en cuenta las consecuencias de que este desaparezca. “Una de las conclusiones de este episodio es que hay que tomar medidas fuertes, porque una situación de estas, que parecía propia de un ‘reality’ más y no de la vida de una persona privada de la libertad, implica entender que hubo un incumplimiento en los protocolos del Inpec”, señaló la cabeza de la cartera de asuntos de justicia, penitenciarios, entre otros.

Por el escape de Merlano, La ministra Cabello pidió ayer la renuncia del director del Inpec, el general William Ruiz, y removió de sus cargos a la directora y la subdirectora de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde Merlano pagaba su condena, Diana Muñoz y Katherine Lozano, respectivamente. También, La Procuraduría tomó decisiones poco después de hacerlo la ministra. Abrió investigación y suspendió por tres meses a ocho funcionarios, entre ellos la directora Muñoz, la subdirectora Lozano y el comandante de custodia y vigilancia, David Alexánder Álvarez Cárdenas.

El 1º de octubre pasado, en horas de la tarde se supo que la condenada por corrupción electoral había escapado luego de haber cumplido una cita médica en un consultorio odontológico del Centro Médico de la Sabana, en el norte de Bogotá. Luego se supo que la cita estaba relacionada dentro de un proceso estético de diseño de sonrisa. Pronto se conocieron los videos de seguridad del edificio en donde se ve a Merlano, luego de ser atendida, sacando una soga roja de un maletín, con la que se ayudó a bajar hasta la calle 119, donde la esperaba una moto en la que se fugó.

El 12 de septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión a la exparlamentaria del Partido Conservador por ser la protagonista de una empresa criminal dedicada a la compra de votos. La Fiscalía la acusó de haberse gastado más de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. Dentro de la investigación, las autoridades encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. El día que Merlano se dio a la fuga, ella había apelado a la condena que le había impuesto el alto tribunal hace más de dos semanas.

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