Los grupos criminales han creado las llamadas casas chop en la ciudad portuaria de Tumaco
Los grupos criminales han creado las llamadas casas chop en la ciudad portuaria de Tumaco, donde las víctimas son descuartizadas antes de ser arrojadas a las aguas que conducen al Océano Pacífico, según el Inspector General de Colombia.
Según el inspector general Fernando Carrillo, las casas usadas para torturar, matar y desmembrar a las víctimas han aparecido en al menos siete barrios que el estado ha abandonado virtualmente durante el tiempo que los lugareños puedan recordar.
El informe destaca hasta qué punto la seguridad pública se ha deteriorado en la ciudad, que se ha convertido en un área virtual prohibida para la policía y la fiscalía.
Las pandillas compuestas por miembros disidentes del grupo guerrillero desmovilizado Las FARC que trabajan junto con narcotraficantes mexicanos tienen el control de Tumaco, no las autoridades pagadas por los contribuyentes de impuestos de Colombia.
La situación es similar a la de otra ciudad portuaria del Pacífico, Buenaventura, donde las autoridades encontraron varios mataderos humanos entre 2013 y 2014.
En ambas ciudades, la población predominantemente negra ha estado suplicando al Estado que asuma responsabilidades durante años, pero sin efecto aparente.
En Tumaco, niños de hasta seis años son empleados por los miembros de la pandilla, según la Oficina del Inspector General.
Las niñas de hasta 10 años de edad son sometidas a violencia sexual sistemática por parte de los grupos, dijo Carrillo.
Las autoridades locales dijeron a la prensa que desconocían las prácticas, pero los residentes de Tumaco conocen todos los detalles sangrientos; se les enviaron imágenes de cuerpos desmembrados a través de la plataforma de redes sociales Whatsapp.
La fiscalía anunció que investigará los reclamos del Inspector General, pero puede contar con poca o ninguna cooperación por parte de los residentes que están aterrados de que hablar con las autoridades tenga repercusiones.
Los líderes sociales dijeron al sitio web Verdad Abierta que el estado no ha podido garantizar la seguridad, especialmente a aquellos que hablan sobre el terror impuesto por los grupos que consisten principalmente en grupos rivales de miembros disidentes de las FARC y cuentan con el apoyo de narcotraficantes mexicanos.
Un líder social dijo que el número de teléfono de las personas que ayudaron a la Oficina del Inspector General bajo condición de anonimato fue entregado a la policía, poniendo sus vidas en peligro inmediato.
