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Los funcionarios estatales, los contratistas y el sobrino de un líder de las FARC desviaron los fondos para el proceso de paz

Los funcionarios estatales, los contratistas y el sobrino de un líder de las FARC conspiraron para desviar fondos destinados al proceso de paz de Colombia, según el fiscal jefe del país. En el centro de la “red de corrupción” está Marlon Marín, sobrino del títere de las FARC “Iván Márquez”, que se convirtió en testigo estrella de la fiscalía colombiana y de la DEA. Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

reveló el miércoles cómo Marín sería la cabeza de un grupo de “doce intermediarios” y al menos seis alcaldes que conspiraron para desviar fondos destinados al proceso en curso con las FARC, que se desmovilizaron el año pasado.”Según la evidencia, existe una red de intermediarios que están interesados ​​en adjudicar proyectos a contratistas a cambio de beneficios económicos”, dijo Martínez. Martínez no dijo cuánto de los fondos para la paz terminó en las manos equivocadas, pero aseguró que la mayoría de los presupuestos de los procesos de paz no se vieron afectados.

 Una de las supuestas estafas involucraba contratos de construcción de caminos en las áreas más afectadas por el conflicto. El grupo de intermediarios logró hacerse con la lista de rutas y la cantidad exacta de dinero que el estado planeaba asignar a estos proyectos. Luego cobraron un soborno a los contratistas que eventualmente contratarían.Se alega que Marin y sus cómplices se jactaron de cobrar un porcentaje menor que los funcionarios corruptos que reciben sobornos suelen cobrar.

El fiscal principal dijo que los alcaldes implicados “actuaron en colusión” con los intermediarios que tenían “varios modos de apropiarse de los recursos públicos”. El otro procedimiento tiene que ver con ‘Áreas más afectadas por el conflicto armado’, conocido como Zomac por sus siglas en español. El gobierno propuso que las empresas que desarrollaran el proceso productivo en estas zonas de conflicto específicas que permanecían clasificadas, tendrían acceso a beneficios fiscales por un período de diez años.

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