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Las víctimas de las FARC exigen justicia ante la participación política de la ex guerrilla

 

Los familiares de 11 políticos que fueron secuestrados y ejecutados por las guerrillas de las FARC exigen que se haga justicia antes de que se permita a los líderes del grupo tomar parte en la política.

 

Las víctimas enviaron una carta a múltiples organismos gubernamentales rechazando la posibilidad de que los líderes de las FARC puedan tomar asiento en el Congreso el próximo año antes de haber respondido a la justicia sobre los numerosos crímenes contra la humanidad del grupo guerrillero desmovilizado.

 


Destinatarios de la carta

  • Presidente Juan Manuel Santos
  • El presidente de la corte de transición Mirtha Patricia Linares
  • El secretario de la corte de transición Nestor Raúl Correa
  • Fiscal General Néstor Humberto Martínez
  • El inspector general Carlos Negret
  • Presidentes de los tribunales superiores de Colombia

 

Se espera que el Congreso apruebe pronto la legislación en lo que respecta a un tribunal de crímenes de guerra. La legislación en su forma actual permitiría a los líderes de las FARC tomar asiento en el Congreso sin considerar su colaboración en la justicia.

 

La carta llegó unos días después de que los congresistas se reunieron con líderes de las FARC para debatir los cambios hechos al elemento judicial de un acuerdo de paz acordado en noviembre del año pasado.

 

Los miembros de la familia de los últimos políticos del Valle quieren que se impida a los líderes guerrilleros participar en la política hasta que hayan sido castigados por sus crímenes.

 

Si bien no se envió a las FARC una copia de la carta, las víctimas piden a los líderes del partido político de la ex guerrilla que consideren la paz y la reconciliación antes de tomar parte en la política.

 

En el acuerdo de paz, se garantizó a las FARC 10 de los 266 escaños en el congreso de Colombia por dos períodos después de aceptar un sistema de justicia de transición que buscaría justicia por la cantidad de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto.

 

Sin embargo, en el proyecto de ley presentado ante el Congreso, esta adhesión a la justicia de transición no se ha convertido en una condición para la participación política.

 

Las víctimas que enviaron la carta fueron familiares de 12 diputados estatales que fueron secuestrados en el edificio del gobierno del Valle del Cauca en abril de 2002. Once de los hombres fueron ejecutados en 2007.

 

Según el único sobreviviente de la masacre, el ex diputado Sigifredo López, sus colegas fueron ejecutados cuando los guardias de la guerrilla confundieron a una unidad guerrillera que se acercaba a los soldados del ejército.

 

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