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Indemnizaran a presos en Cali por el hacinamiento

 

Cada día que un recluso pase en la cárcel Villahermosa de Cali, en condiciones de hacinamiento, se traducirá en dinero para ellos. Por cada mes privado de la libertad el Estado tendrá que pagarle un salario mínimo diario legal vigente ($27.604). Así lo determinó en primera instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, a través de una sentencia que argumenta que esta población ha sufrido vulneración de su derecho a la dignidad, por estar obligados a vivir en condiciones precarias.

Y es que la cárcel Villahermosa de Cali, protagonista del fallo, mantiene una alarmante sobrepoblación. Allí hay 5.974 presos, en unas instalaciones para 2.046. Es decir, por cada cupo hay tres reclusos. Sin embargo, en materia de hacinamiento, la cárcel de la capital del Valle no es la primera del país. Hay otras con mayores problemas, como la de Riohacha (La Guajira) y Andes (Antioquia), donde hay cuatro personas por cada cupo, seguida por las de Santa Marta, Valledupar, Itagüí y Apartadó.

De ahí que el fallo que apunta a garantizar los derechos de los reclusos lo vean con preocupación las autoridades nacionales, pues de ser confirmada por el Consejo de Estado, podría motivar a otros reclusos a demandar al Estado y de replicarse en el resto de cárceles del país, que generaría un impacto fiscal para la nación de grandes dimensiones que superaría lo que hubiera costado atender el problema a tiempo.

El proceso

Ante las precarias condiciones que se viven en los centros de reclusión del país, en 2014 los abogados de algunos presos en Cali se unieron para instaurar un par de demandas que tenían un objetivo común: que se reconociera el derecho a la dignidad humana de todos los internos, quienes “no están obligados a soportar las condiciones de hacinamiento en las cuales viven dentro de la cárcel del Distrito Judicial de Cali Villahermosa”.

Fue así como empezó un proceso judicial que, cinco años más tarde, terminó en un fallo a favor de los demandantes. La decisión condena al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Ministerio de Justicia del Valle del Cauca y a la Alcaldía de Cali, por ser los directos responsables de garantizar el “bienestar” de quienes están privados de la libertad en dicho establecimiento y no cumplir con ello.

Como medida de “reparación”, los magistrados del tribunal departamental ordenaron que se les pagara una indemnización a todos los reclusos que han pasado por este establecimiento, ya sea en calidad de sindicados o condenados desde el 31 de julio de 2012 a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Así las cosas, se determinó que por cada 30 días calendario de detención, le tendrán que pagar a cada recluso un salario mínimo legal diario ($27.604). Pero si lleva más de un año, a partir del mes 13 ese monto se duplicaría. Por eso los reclusos más antiguos recibirían más dinero. Sin embargo, el despacho estableció que, en ningún evento, la indemnización podrá superar los 144 salarios mínimos diarios, es decir, $3,5 millones.

Con estas cifras, y teniendo en cuenta la cantidad de reclusos en la cárcel de Cali, la sentencia estima que la indemnización colectiva sumaría $23.849 millones, monto por el que tendrán que responder la Uspec (40 %), el Ministerio de Defensa (30 %), el Inpec (15 %), la Gobernación del Valle (10 % ) y la Alcaldía de Cali (5 % ).

El dinero debe ser depositado en el “fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos”, administrado por la Defensoría del Pueblo, que tendrá la tarea de pagar a quienes participaron del proceso judicial y a los que reúnan las condiciones fijadas en la sentencia.

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